Un operativo de la PDI, en conjunto con la Fiscalía Occidente, desbarató una red de corrupción vinculada a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú, deteniendo a 12 involucrados, tres de ellos funcionarios públicos, quienes cobraban $500 mil a chilenos y $900 mil a extranjeros a cambio de la emisión de licencias de conducir ilegales.
El masivo procedimiento se llevó a cabo este jueves en 16 domicilios de Maipú. Además, se intervinieron otros tres inmuebles en Estación Central, Quinta Normal y Cerrillos.
En este operativo participaron más de 100 funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y Cibercrimen, todas de la PDI. Todo se desarrolló a raíz de la investigación iniciada en 2023.
En lo que se refiere a la Municipalidad de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic denunció las irregularidades detectadas durante su primer ciclo en el cargo.
Esta fue seguida de una querella criminal ante el 9.º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de soborno, cohecho y falsificación de instrumento público. Por lo tanto, el municipio es interviniente en la causa en calidad de querellante.
Los 12 detenidos se dividen entre tres captadores, tres funcionarios de la Municipalidad de Maipú y seis compradores.
Todos ellos serán formalizados este viernes. Se le imputarán los delitos que incluyen cohecho, soborno, obtención fraudulenta de licencia de conducir y falsificación de instrumento público, entre otros ilícitos.
Modus operandi de la mafia de licencias de conducir en Maipú
La red de corrupción funcionaba mediante ofertas realizadas en redes sociales por un grupo de personas llamadas “captadores“, quienes tenían contacto con tres funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú.
Este grupo conseguía a los potenciales compradores. En el ofrecimiento de los documentos fraudulentos se indicaba el dinero que se debía pagar y los pasos a seguir cuando se iniciaba el trámite de obtención de la licencia de conducir.
“Existía una organización que tenía diferentes modelos y en definitiva recibían dinero para la obtención de estas licencias de conducir“, declaró el prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI.
Las diligencias de la causa incluyeron seguimientos, interceptaciones y levantamientos patrimoniales.
Con los antecedentes recopilados en este proceso, se logró establecer que los funcionarios municipales facilitaban la obtención de las licencias de conducir para personas que no cumplían con los requisitos.
“(Los captadores) gestionaban con estos funcionarios públicos la obtención de horas y además que estas personas aprobaran los exámenes pertinentes para la obtención de las licencias. Aportaban también antecedentes falsos como certificados de residencia, de estudio, para que estas personas pudieran entonces optar a distintos tipos de licencias. Estamos hablando de licencias clase B y también de licencias de tipo profesional“, detalló Marcos Pastén Campos, fiscal regional Metropolitano Occidente.
Cabe señalar que los cobros por las licencias de conducir oscilaban entre $500 mil a compradores chilenos, mientras que el monto aumentaba cuando eran adquirientes extranjeros.
En cuanto a las personas que compraban los documentos fraudulentos, el persecutor agregó: “En general son personas que tienen dificultades, como extranjeros, que no pueden acreditar la enseñanza básica, y otras personas que no obtenían licencia por falta de antecedentes académicos. Estamos viendo la arista, de que incluso antecedentes médicos“, señaló el fiscal Pastén.
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