Por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado, la Municipalidad de Santiago presentó una querella en contra de los tres tasadores que participaron de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.
La Municipalidad de Santiago, la cual lidera la alcaldesa Irací Hassler, presentó la querella criminal en contra de los tasadores involucrados en la compra de la exclínica Sierra Bella.
La acción judicial es en contra de Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo, y todos quienes resulten responsables de la fallida compra del inmueble. Estos hechos podrían revestir las características típicas del delito de estafa y falsificación de instrumento privado.
Según se plantea en la querella, es de público conocimiento que el 13 de abril del 2022 la Contraloría emitió el pronunciamiento que se hace cargo de diversas denuncias formuladas respecto de adquisición de inmuebles llevada a cabo por el Municipio de Santiago para la implementación de una “Clínica Municipal”.
“En efecto, la Municipalidad de Santiago, con la intención de adquirir los inmuebles ubicados en calle Sierra Bella N° 1181 y calle Ventura Lavalle N° 341, (…) cumpliendo con los dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a determinar el precio justo según lo requiere la modalidad de trato directo, solicitó tres tasaciones a personas cuyos antecedentes académicos y profesionales parecían idóneos para dicha labor. Los profesionales que se contrataron fueron los querellados Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo”, detalla el texto.
Informes de tasación no son trazables ni verificables
Luego de que ellos tres presentaran el análisis de los informes de las tasaciones, el órgano contralor concluyó que: “Así, de los anotados informes, no es posible verificar el valor de los terrenos utilizados ni el valor del metro cuadrado consignado, sin que este último coincida con el valor de las referencias. Así como tampoco es posible verificar el costo de reposición de lo edificado, además de omitirse fundamentar los valores asignados a las obras complementarias, de manera que los resultados de aquellos informes de tasación no son trazables ni verificables”.
De esta manera, “dadas las inconsistencias y falta de trazabilidad de las tasaciones antedichas, no es posible tener por justificados los valores a que ellas arriban”.
“La labor correcta y fundada de los tasadores permitiría cumplir con la normativa vigente y los dictámenes del órgano contralor, además de resguardar el patrimonio municipal, dado que permitiría al justo precio de los inmuebles a adquirir”, se precisa en la querella.
Sierra Bella
En esta línea, el municipio advierte que “de ser correcto lo señalado por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación documentos que lo eran sólo en apariencia, sin respetar las normas de su propia lex artis (…)”.
“Aquello S.S., ha significado un engaño por parte de los querellados, como se verá a continuación, y que le ha generado un perjuicio a la I. Municipalidad de Santiago correspondiente a la supuesta contraprestación por la que fueron remunerados”, añade la acción judicial.
El abogado que representa a la casa edilicia solicitó al Ministerio Público las siguientes diligencias de investigación, a fin de acreditar los hechos ilícitos que motivan la presente acción:
-Se despache orden amplia de investigar a la unidad de la Policía de Investigaciones que corresponda, con el objeto de que la misma realice todas las diligencias investigativas que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de la presente querella.
-Se ubique y cite a declarar, en calidad de imputados, a las personas que a continuación se indican, a fin de que se le interrogue al tenor de los hechos materia de la presente querella: Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha.
Respecto a este caso, la alcaldesa Hassler reiteró su “compromiso y colaboración para el pronto esclarecimiento de los hechos que tan gravemente afectaron al proyecto que nos permitiría mejorar las condiciones de salud de los más de 37 mil vecinos del Cesfam Padre Orellana; y la querella presentada es parte de las acciones judiciales necesarias”.
