El 6 de junio comenzará el juicio oral contra 16 personas acusadas de formar parte de la "primera línea" y generar diversos incidentes en marzo de 2020, en el contexto del estallido social.
Para el próximo 6 de junio quedó fijado el juicio contra los 16 acusados de ser parte de la “primera línea” en medio del denominado estallido social.
Según la investigación de la Fiscalía Centro Norte, el 3 de marzo de 2020 los imputados se reunieron en la intersección de calle Ramón Corvalán Melgarejo y Carabineros de Chile de la comuna de Santiago.
Luego, y utilizando diversos elementos contundentes como piedras, fierros, palos, adoquines, resorteras artesanales y tornillos; comenzaron a turbar gravemente la tranquilidad del lugar. Asimismo, interrumpieron sin autorización la libre circulación de personas y vehículos.
La acusación también sostiene que “con el paso de los minutos y a medida que aumentaba la intensidad de su ataque, acometieron en contra de personal de Carabineros de Chile, lanzando objetos contundentes, dejando a dos funcionarios lesionados”.
Según un documento al que accedió La Radio, el Ministerio del Interior -encabezado por Izkia Siches-, continúa en querellante en la causa, donde los acusados enfrentan cargos por desórdenes públicos.
Críticas
Uno de los abogados de los imputados, el penalista Ramón Sepúlveda, sostuvo que “se persigue a un grupo de personas, entre ellos muchos jóvenes, por el solo hecho de haber estado en una manifestación, entre ellos un joven con la condición de Trastorno del Espectro Autista, con quien se dio un tratamiento terrible”.
Asimismo, el jurista dijo que probablemente la expectativa social es que el Gobierno de Gabriel Boric se hubiera desistido de la acusación particular que presentó el gobierno anterior, lo que lamentablemente a la fecha no ha ocurrido.
No hay que olvidar que en esta causa se ordenó la prisión preventiva de los imputados a petición del gobierno anterior. Por esto, llama la atención que el actual Ejecutivo siga con esta acción y busque además condenar a estos jóvenes.
Para 12 de los imputados, la Fiscalía Centro Norte pide 300 y 541 días de presidio, más la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. En cambio, para los otros cuatro pide 540 días y 3 años de presidio.
