El contralor Jorge Bermúdez participó la jornada de este lunes en la comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco, en el marco de las medidas sanitarias para abordar la pandemia del covid-19.
En la instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados, el contralor indicó que “aparentemente se estarían pagando, en dos contratos, tanto en el arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones“, consignó La Tercera.
Agregó que “la Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que, en ese contrato, usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato”.
Asimismo, surgen dudas porque no se entregan los antecedentes suficientes para sustentar los valores que se asignan a las distintas prestaciones.
A su vez, Contraloría objeta en el punto 3 la prórroga automática que se establece en el propio contrato.
Bermúdez aseguró que también compararon las “prestaciones de servicios de recintos hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría. Eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía. Se supone que lo va a aclarar”.
Detalló que existen dos observaciones a las prestaciones específicas. Explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo y por qué se paga determinado precio por prestaciones.
Si bien precisó que no es que´no se pueda pagar un poco más, se deben aclarar cómo se llegó al precio de $1.600 millones.
“Lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron”, ya que el contrato establece un determinado valor por metro cuatro.
Recordar que el órgano contralor declaró ilegal uno de los contratos por la presunta duplicidad de prestaciones en los cobros.
