La empresa Aguas Andinas llevó hasta el Tribunal Constitucional la demanda colectiva que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso contra la sanitaria debido a los cortes de suministros ocurridos en la capital en febrero y abril de 2017.
Según lo consignado por Diario Financiero, dicha acción fue realizada por el abogado y excontralor, Ramiro Mendoza, en representación de Aguas Andinas.
El lunes pasado, la empresa presentó un recurso de inaplicabilidad a raíz de la extensa multa que arriesga en el marco de la demanda colectiva interpuesta por el organismo.
Según se describe, actualmente la multa equivaldría a 115 años de utilidades de la empresa.
En la demanda, que corre en el 4º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago y que se encuentra en etapa probatoria, la autoridad solicitó que “se condene a Aguas Andinas al máximo de las multas por cada una de las infracciones imputadas y, de conformidad al artículo 53C letra B, por cada uno de los consumidores afectados”.
La acusación alertó a la empresa debido que según el artículo de la nueva ley de protección al consumidor, Aguas Andinas podría arriesgar el patrimonio y hasta la continuidad del negocio de la compañía.
El documento que solicita la inaplicabilidad para los artículos 23 y 25, además del 53C de la letra B, describe que “la suma de las multas que se apliquen por cada consumidor afectado tomará en consideración en su cálculo los elementos descritos en el artículo 24 y especialmente el daño potencialmente causado a todos los consumidores afectados por la misma situación”.
El mismo escrito hace referencia a que si se aplica la multa de 300 UTM por cada uno de los consumidores afectados, la cifra superaría los US$ 27 mil millones.
“Aguas Andinas tendría que pasar aproximadamente 115 años destinando todas sus utilidades operacionales a pagar la multa en cuestión”, dijo Mendoza en el documento.
En esa línea, en el documento se agrega que dicha multa es equivalente al 35% del Presupuesto de la Nación de 2018 y 17 veces más que el presupuesto asignado para financiar el acceso gratuito a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
