El Ministerio Público comenzó a investigar la filtración de datos personales de la que fueron víctimas varias personas contagiadas o sospechosas de Covid-19 en la región del Maule.
Durante la tarde de este lunes se difundió un listado en redes sociales y portales de noticias de Talca con el nombre completo, RUT, dirección y hasta número de teléfono de los pacientes a los que se les está haciendo seguimiento en el contexto de la crisis sanitaria que desató el nuevo coronavirus.
En este contexto, el intendente del Maule, Pablo Milad, se trasladó junto al seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, hasta el edificio de la Fiscalía Regional para interponer una denuncia.
“Vinimos a hacer la denuncia de un hecho repudiable que falta a la probidad administrativa y la reserva de datos personales y esto tiene penas. También, se va a denunciar a la Contraloría, a través de una investigación sumaria”, indicó el intendente a nuestro medio asociado Diario El Centro, asegurando que los responsables podrían tener penas de cárcel.
El fiscal regional (s), Héctor de la Fuente, quedó a cargo de la indagatoria y ya instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI).
“Hemos dado una orden de investigar a la PDI, además de analizar los antecedentes documentales y jurídicos que rodean el tema para establecer en definitiva si en esto han participado civiles, particulares y/o funcionarios públicos y verificar las responsabilidades que correspondan”, remarcó el persecutor.
En paralelo, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud inició un sumario administrativo que buscará establecer cómo se filtró la información y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.
El Artículo 246 del Código Penal contempla sanciones para los funcionarios que cometan acciones como las denunciadas por la Intendencia.
“El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente”, reza el texto legal.
La Intendencia enfatizó en que además de la denuncia pronto van a presentar una querella con el fin de hacerse parte de la investigación penal y evitar que actos como estos se repitan.
