La familia de Mario Arzola, quien falleció en enero de 2017 en el incendio que destruyó la localidad de Santa Olga, anunció que pedirán la reapertura de la investigación al Ministerio Público tras un informe de Contraloría que responsabilizó a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por no fiscalizar las medidas de seguridad que dificultaran la propagación del fuego.

Fue la localidad símbolo de la destrucción que dejaron los siniestros que devastaron parte de la zona centro-sur del país en enero y febrero de 2017, entre Valparaíso y La Araucanía.

Las llamas no sólo arrasaron con 160 mil hectáreas de bosques sino que también la totalidad de las viviendas de Santa Olga, donde murió uno de sus habitantes, Mario Arzola.

El informe 576/2017 de Contraloría, liberado a finales de mayo pasado, responsabilizó a Conaf de no haber fiscalizado en el sector las medidas de seguridad, con el consiguiente riesgo que significaba para los habitantes.

“Tales antecedentes dan cuenta de la falta de aplicación de un plan para la prevención de incendios forestales por parte de Conaf (…) omisión que conlleva un riesgo para la población aledaña a la zona de interfaz ante la propagación de eventuales incendios forestales”, se lee en el informe.

El abogado de la familia de Arzola, Hans Laurie, aseguró que el informe determinó que en el avance de este incendio hubo responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal, al no haber fiscalizado la construcción de zonas de seguridad entre los bosques y el poblado.

Con ese antecedente es que Laurie solicitará al Ministerio Público la reapertura de la investigación, cerrada hace un tiempo sin responsables. En esa oportunidad la Fiscalía invocó la facultad de no perseverar, al no recopilar pruebas sobre la causa del incendio.

Puntualmente, el abogado expresó que el órgano persecutor debería establecer la responsabilidad por la propagación de las llamas, hecho que causó la destrucción de casas pero también la muerte de habitantes, en este caso de Mario Arzola.

En el informe de la Contraloría también se desliza la responsabilidad de la Conaf por el incendio en la comuna de Florida, región del Bío Bío, por el incumplimiento en las medidas de prevención de los incendios forestales y que permitirían frenar el avance de las llamas, evitando consecuencias como las vistas durante la emergencia en enero de 2017.

El informe completo de Contraloría a continuación: