Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El caso de contrabando de cigarrillos denunciado por Aduanas en el Bío Bío podría quedar impune, ya que el fiscal ofreció salidas alternativas a los 12 imputados, lo que generó polémica. Hubo cambios en la acusación que redujeron los delitos imputados y algunas multas pagadas no corresponden al monto incautado. La Fiscalía Regional abrió un sumario contra el fiscal Richards por estos cambios, mientras que el Servicio de Aduanas y Impuestos Internos buscan anular las rebajas de cargos.
Sin responsables o con el pago de bajas multas podría quedar la investigación por un millonario contrabando de cigarrillos denunciado el 2018 por el Servicio de Aduanas en la región del Bío Bío. Tras cambiar la acusación original, el fiscal del caso ofreció a los 12 imputados salidas alternativas, lo que el Juzgado de Garantía de Talcahuano denunció al Ministerio Público y por eso el sumario que enfrenta el persecutor.
Es un nuevo escándalo el que sacude a la Fiscalía Regional del Bío Bío, y que también involucra al Servicio de Aduanas y a Impuestos Internos, organismos querellantes en este caso.
Fue en 2020, dos años después de la denuncia de Aduanas, que el Ministerio Público en Talcahuano imputó por asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos a una red de 12 personas liderada por Eduardo Gárate Mora. Fueron incautados, además de 7 mil cajetillas de cigarrillos, bienes por varios miles de millones de pesos.
Sin embargo, todo podría quedar en nada, luego de que el fiscal Mauricio Richards cambiara el 28 de mayo del año pasado la acusación que un año antes presentó su par, el fiscal Julián Muñoz, eliminando hechos y delitos, lo que abrió la posibilidad para ofrecer salidas alternativas a los acusados.
Uno de los beneficiados fue Claudio Vivanco, a través de un sobreseimiento a cambio del pago de 5 millones de pesos, los que se restarían de los casi mil millones incautados durante la investigación. Para su abogado, Felipe Yáñez, lo que hizo el persecutor estaba dentro de la ley, acusando presiones en el intento de la Fiscalía de dejar sin efecto los acuerdos alcanzados.
Fiscal abre sumario contra Mauricio Richards
Sin la oposición del Servicio de Aduanas, fue la jueza de Garantía Humilde Silva quien dio luz verde a la rebaja de los cargos y a las salidas alternativas impulsadas por el fiscal Richards. No obstante, lo ocurrido llamó la atención a otra magistrada, Antonia Godoy, y por eso la decisión de informar a la fiscal regional Marcela Cartagena.
Para la jefa del organismo persecutor, se trató de graves e improcedentes cambios los realizados a la acusación, ordenando la apertura de un sumario contra Mauricio Richards, quien en marzo obtuvo el traslado desde Talcahuano a la Fiscalía Metropolitana Occidente en Santiago.
Pero otra medida adoptada por la fiscal Cartagena fue oficiar al Servicio de Impuestos Internos, cuyos abogados no estuvieron en la audiencia del 28 de mayo, y por eso el intento de anular los cambios a la acusación y las salidas alternativas a los imputados.
Para otro de los abogados defensores, Juan Carlos Muñoz, no hay argumento para dejar sin efecto la resolución judicial y así lo refrendó hace poco la Corte Suprema, indicó.
Sobre este caso, desde la Fiscalía Regional solo señalaron que el sumario contra Richards sigue abierto. Desde Impuestos Internos en Concepción, en tanto, tampoco se entregó un pronunciamiento y se pidió solicitar a Santiago una versión.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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