Agrupaciones de Víctimas de Violencia en la Provincia de Arauco y gremios de trabajadores forestales, criticaron al Gobierno por nombrar a personas “sin experiencia” para enfrentar los hechos que ocurren en la Macrozona Sur.
Desde el Ejecutivo aclararon que la exministra de Obras Públicas, Loreto Silva, fue designada como Asesora Presidencial y Pablo Urquizar como coordinador de la Macrozona Sur.
Una serie de acciones ha tenido que tomar el Gobierno tras la renuncia de Cristian Barra como encargado de la Macrozona Sur, tras la entrevista donde dijo que faltaba voluntad de las Fuerzas Armadas para solucionar los hechos de violencia en la región de La Araucanía y la provincia de Arauco.
Declaraciones que fueron calificadas como imprudentes por la senadora por la región del Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe en conversación con CNN Chile.
La diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, dijo que Cristian Barra nunca tuvo claro su rol respecto de las coordinaciones que podía realizar, lo que finalmente no dio resultados y terminó con el encargado de la macro zona fuera del cargo.
Por todo esto el Gobierno nombró a la abogada, Loreto Silva, como Asesora Presidencial, y en menos de 24 horas designó al también abogado, Pablo Urquizar, como coordinador nacional de la Macrozona Sur en reemplazo de Cristian Barra.
Nombramientos que fueron criticados por la Agrupación de Víctimas de Violencia en la provincia de Arauco donde una de sus representantes, Solange Etchepare, aseveró que necesitan personas con experiencia en temas de seguridad y no un grupo de abogados como ocurre en la actualidad.
Críticas a las que se sumó el gerente de la Agrupación de Contratistas Forestales, René Muñoz, indicando que en la Macrozona Sur se necesitan personas que hayan pertenecido a las Fuerzas Armadas o Carabineros para terminar con los hechos de violencia.
En el Bío Bío la designación de Loreto Silva como Asesora Presidencial no fue bien vista por el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, quien hizo una presentación en la Contraloría, debido a que considera que la exministra no puede asumir el cargo tras los cuestionamientos que realizó el organismo fiscalizador por su desempeño en ENAP.
