Graves amenazas a una jueza y a una vocera de las víctimas de la violencia en la provincia Arauco dejaron también los atentados en las comunas de Cañete y Contulmo, en la región del Bío Bío.
Desde el gremio forestal cuestionan la pasividad de las autoridades y exigieron al gobierno un plan para frenar los ataques.
No sólo vehículos de carga quemados, árboles cortados, postes de luz derribados y una población atemorizada dejó como saldo la ola de atentados a manos de encapuchados.
También quedó la preocupación por los rayados en uno de los camiones incendiados en donde se llamó a “cuidarse” a una magistrada y a una de las voceras de la Agrupación de Víctimas del Bío Bío.
Con spray negro escribieron el nombre de Paola Acosta, en referencia a la jueza de Garantía de Cañete, Paula Caprile Costa, cuyas resoluciones en varias causas han sido difundidas en redes sociales.
La segunda persona individualizada fue Solange Etchepare, víctima de los atentados, quien llamó a las autoridades a atender lo que calificó como amenazas terroristas.
Desde el Poder Judicial no fue posible obtener ninguna reacción respecto de la jueza, explicando la Asociación de Magistrados a nivel nacional y regional que la funcionaria no pertenece al gremio.
Las reacciones a la violencia siguieron desde el gremio forestal, exigiendo René Muñoz, por la Asociación de Contratistas, que el Ejecutivo dé a conocer un plan preventivo de seguridad para la zona.
Es preciso señalar que los dos alcaldes cuyos habitantes han sido los más afectados por los ataques de desconocidos, Mauricio Lebrecht, de Contulmo; y Jorge Radonich, de Cañete, han mantenido un silencio difícil de entender, pese los intentos de Radio Bío Bío por ubicarlos para conocer su parecer sobre la situación y la respuesta que pueda devolver la seguridad a su gente.
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