La formulación de cargos en el caso Masvida incluirá al expresidente del holding, Claudio Santander, sin embargo, éste no podría enfrentar la justicia debido al grave estado de salud en que se encuentra.

En tanto, los querellantes no descartan que se pueda pedir la prisión preventiva contra quienes sean formalizados, según lo anunciado por el Ministerio Público.

Luego de anunciar las futuras formalizaciones contra los responsables del colapso financiero de Empresas Masvida y el fin de la isapre del mismo nombre, la fiscal regional, Marcela Cartagena, señaló que las medidas cautelares van a depender de los delitos que se imputen.

Sobre eventuales prisiones preventivas como cautelares, la jefa del Ministerio Público en el Bío Bío dijo que eso se analizará en su momento, mientras que la abogada querellante, Paula Villalobos, no descartó que pueda pedirse la privación de libertad para quienes sean formalizados.

“Va a depender del número de delitos que se le imputen en las distintas causas, la gravedad de los mismos”, afirmó.

Aunque la fiscal Cartagena se excusó sobre los futuros formalizados, fuentes de Radio Bío Bío indican la solicitud incluiría a los principales exejecutivos José Adolfo Bäuerle, Erwin Sariego, Víctor Estrada y Oscar Torrealba, además de quien presidiera el directorio del holding, Claudio Santander.

Sin embargo, este último no podría enfrentar la justicia, debido a las secuelas de un accidente vascular sufrido el año pasado, situación que le impediría comunicarse y, por lo tanto, tendría una alta posibilidad de ser sobreseído, según admitió Remberto Valdés, abogado querellante en representación de 800 médicos accionistas.

“Si no están en capacidad de poder entender o discernir sobre lo que se está imputando, allí su defensa (…) va a hacer presente esto al Juzgado de Garantía y lograr que se obtenga el sobreseimiento temporal hasta que recupere su salud”, explicó Valdés.

Los delitos a imputarse irían desde la estafa al lavado de activos, el fraude tributario, el ocultamiento de información a la Superintendencia de Isapres, sin descartarse la asociación ilícita denunciada en una querella, además de la apropiación indebida de recursos por alrededor de 20 mil millones de pesos.