La Corte de Apelaciones de Concepción enmendó la investigación por el robo de dos fusiles de guerra que se puede decir estaba en riesgo por la contradictoria resolución del Juzgado de Garantía que, por un lado, decretó ilegal la detención del civil involucrado en el delito y, por otro, ordenó la prisión preventiva.
Fue cerca de mediados de abril que, tras un allanamiento de Carabineros ordenado por la Fiscalía Militar, se detuvo a Danilo Andaur en su hogar, recuperándose en el lugar una de las armas robadas desde el Regimiento Chacabuco y que se acreditó había sido preparado con la ayuda de conscriptos de la unidad militar.
El fiscal Jorge Lorca, ante la posibilidad que por ilegalidad de la detención se pudiera desechar en el futuro la prueba obtenida para acusar a Andaur, apeló de la resolución del juez Marcelo Bustos, estimando el tribunal de alzada que la detención del civil se ajustó a la normativa legal.
El abogado a cargo de la defensa de Andaur, Franklin Bustos, lamentó la resolución y adelantó que, llegado el momento, se insistirá en la ilegalidad de los antecedentes obtenidos por la Fiscalía contra su cliente.
La ilegalidad de la detención se fundó en que el civil fue detenido en el marco de un procedimiento de la Justicia Militar, pero la prisión preventiva se decretó al ser calificado como un peligro para la sociedad.
Al cumplir 30 días privado de libertad su cliente, el abogado defensor descartó que se vaya a pedir la revisión de la medida cautelar, deslizando que se buscaría por otra vía impugnar la prisión preventiva.
En el mismo caso hay otros tres uniformados, dos conscriptos y un centinela, procesados por hurto de material de guerra, al haber planificado junto a Andaur el falso asalto a la bodega donde se mantenían los fusiles.
