Desde la dirección del Hospital Regional de Concepción anunciaron una serie de medidas para solucionar la situación que viven los funcionarios de la Unidad Forense Siquiátrica de la comuna, quienes ayer miércoles suspendieron sus funciones debido a las agresiones que han sufrido por pacientes internados.
En efecto, el director del centro de salud, Carlos Capurro, explicó que se gestionará una reunión con el área forense, se solicitará el traslado de la persona agresora a otra ciudad y se aumentarán los cupos de trabajo.
Asimismo, señaló que se reforzará la presencia de Carabineros durante las horas de visita y se conversará con los jueces de Garantía para que se acepten los preinformes psiquiátricos de los profesionales del lugar a la hora de tomar la decisión o no de su internación.
“Esto es una necesidad de nuestros funcionarios, de nuestro profesionales, es real no es ficticia”, finalizó Capurro.
Lo que llevó a que los trabajadores decidieran suspender sus actividades este miércoles, fue la agresión y amenaza de muerte de una usuaria con funcionarios del recinto.
El psiquiatra Pablo Palma explicó el ambiente carcelario que se respira en el lugar.
“Han habido ingreso de drogas (…), ingreso de teléfonos, unas semanas atrás se dio un incidente en que se ingresaron medicamentos de manera ilícita con el objetivo de drogarse”, afirmó.
Problemática
El conflicto es que hay más usuarios de los que el espacio permite, menos profesionales y técnicos paramédicos para cubrir los turnos, hombres y mujeres mezclados, y reos que tienen problemas psiquiátricos con quienes aún están en evaluación.
Al respecto, Palma insistió en que las condiciones para manejar a éstos últimos no están, por lo que proponen alternativas.
“Básicamente que la unidad se destine a los fines que se estiman propios de salud, que es atender a las personas que ya estan condenadas, que tienen una enfermedad mental y que requieren de tratamiento”, expresó.
Además fue enfático en señalar que el centro no debe ser “un lugar de paso para personas que a veces no tienen enfermedades psiquiátricas y que están imputadas en el proceso de evaluación”.
Servicio Médico Legal
Por su parte, el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, sentenció que el problema es estructural, a lo que se suma la incapacidad actual del Servicio Médico Legal (SML) para generar rápidamente las evaluaciones psiquiátricas.
En ese sentido, agregó que es el Estado el que debe abordar la temática y entregar soluciones.
“Por ley hay un decreto que establece la obligatoriedad del Estado y que ordena que el Ministerio de Justicia y el Servicio de Salud hagan las coordinaciones de rigor para que las demandas, asociadas al sistema de justicia criminal y al ámbito de la psiquiatría, sean abordados adecuadamente”, señaló.
Este jueves los trabajadores retomaron sus funciones hasta que se concrete la reunión con los representantes del ministerio, en una mesa que desarrolle las mejoras que el servicio requiere.
