Familiares de los detenidos desaparecidos expresaron su preocupación por la demora en la vista de las apelaciones contra las condenas en el caso Santa Bárbara, luego de cuatro años desde que la sentencia decretó penas efectivas de cárcel para los responsables de los secuestros calificados.
Fue en mayo de 2013 que quedó a firme el fallo de primera instancia por la desaparición de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco, y por las que se condenó a seis carabineros en retiro y once civiles, todos con penas efectivas de entre 5 y 14 años de cárcel.
Ante la demora en la revisión de las apelaciones de los condenados, un grupo de familiares de las víctimas se reunieron con el presidente de la Corte de Concepción, ministro Hadolff Ascencio, quien explicó que “desafortunadamente en esta causa ha habido un cúmulo de situaciones que se ha confabulado para que no tenga el tranco rápido que debió haber tenido”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Angeles, Norma Panés, subrayó en que mientras esperan la revisión de los recursos los victimarios se están muriendo al igual que las víctimas, retrasando la justicia demandada hace más de 40 años.
Lo que ha ocurrido en este caso es que la sentencia fue dictada sin que se realizara a los condenados los exámenes que acrediten su estado mental para enfrentar un juicio y la realización de esos peritajes ha retrasado la vista de los recursos.
Consultado si eso no equivale a denegación de justicia,
Ascencio fue categórico: “No, (…) son los vaivenes normales, no es que haya habido una demorada particularmente apuntada a esta causa”.
Lo manifestado por el ministro Ascencio a los familiares es la esperanza que las apelaciones sean resueltas antes de que concluya su mandato el 1 de marzo, aunque eso dependerá de la relatora asignada para estudiar el expediente y de que se programen los alegatos correspondientes.
