El Ministerio de Vivienda (Minvu) se refirió a la querella por estafa presentada por pobladores de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, asegurando que, a la fecha, “ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas”.
La acción legal fue interpuesta por el Movimiento Pobladores Organizados en contra del ministro Carlos Montes, de la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme. Incluso, suman en calidad de cómplices a la Federación de Cooperativas.
En concreto, apuntan a una supuesta estafa por parte de las autoridades de gobierno al impulsar un acuerdo y plan habitacional que califican de injustificado y unilateral. Según detallan, el acuerdo era tener un proyecto habitacional en un 100% de los terrenos de la megatoma, pero el proyecto del gobierno contempla solo 100 hectáreas.
Según denuncian, todo el proceso, desde el protocolo de acuerdo inicial hasta el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025, estaría viciado por irregularidades, presiones a dirigentes sociales y ausencia de fundamentos reales de interés público, nacional o social que justifiquen la expropiación.
Respuesta del Minvu
Ante esta situación, desde el Minvu emitieron un comunicado donde rechazaron “categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa, delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicios patrimoniales, elementos que no se configuran en este caso”.
En el escrito aseguran que “las actuaciones de las autoridades se han desarrollado dentro de la legalidad y con el objetivo de buscar soluciones habitacionales para las familias, sin que exista engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellas”.
Además, enfatizaron que fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que establecieron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión y que el rol de las autoridades ha sido acompañar y gestionar soluciones dentro del marco legal vigente.
Para finalizar, reafirmaron el “compromiso con probidad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.
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