El estándar aplicado para formalizar a Vivanco y el peligro para la igualdad ante la ley

Pasó casi desapercibido un titular de Radio Bío Bío que citó una frase pronunciada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer tras la detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Señaló que “para formalizar a una exministra de la Corte Suprema hay que tener antecedentes suficientes, y los antecedentes del Ministerio Público están”.

A primera vista puede parecer una frase lógica. Sin embargo, encierra una pregunta que como ciudadanos no podemos dejar pasar: ¿Acaso no se necesitan siempre antecedentes suficientes para formalizar a cualquier persona? ¿O existe una vara distinta según el cargo o el poder que alguien haya tenido?

En un Estado de Derecho, el poder, el prestigio o el cargo nunca deben traducirse en un trato diferente. Nuestra Constitución es clara al señalar que “en Chile no existen personas ni grupos privilegiados”. Por eso preocupa que el criterio para formalizar no sea el tipo de delito o el daño causado, sino el cargo que ejercía la persona investigada. Cuando el foco pasa desde el hecho hacia sujeto, muestra una puerta abierta, de trato desigual, que debe cerrarse.

Más aún, si llegara a existir alguna diferencia, el estándar jamás debería ser más benevolente para las autoridades; por el contrario, debiera ser incluso más exigente, porque como se denomina en jerga penal: el disvalor de resultado aumenta, al dañar la confianza ciudadana -o fe pública-, y sus consecuencias las terminamos pagando todos, no solo en el plano moral, sino también en el económico.

La Constitución es clara al blindar al Ministerio Público como un órgano autónomo, imponiéndole como principio rector el de objetividad y como obligación velar únicamente por la correcta aplicación de la ley, lo que implica, a todos por igual.

El problema de fondo no es la formalización de la exministra, sino preguntarnos si el estándar aplicado en su caso es el mismo que se aplica en los demás, especialmente cuando comparamos la situación de un ciudadano común versus personas que detentan poder.

Existen situaciones graves en que, por ejemplo, ante denuncias que luego resultan ser falsas, ciudadanos enfrentan una intensa presión persecutoria del Ministerio Público, con rápidas formalizaciones e incluso juicios orales basados casi o exclusivamente en la denuncia inicial.

En contraste, cuando los hechos involucran eventuales infracciones penales cometidas por funcionarios públicos o personas influyentes, lo que suele observarse es titubeo, lentitud investigativa o incluso intentos de cierre administrativo, como ocurrió con los hechos vinculados a la casa Allende, que probablemente habrían quedado sin investigación de no mediar la acción y persistencia de la Fundación Fuerza Ciudadana que presido.

A ello se suman otros episodios que se han intentado minimizar bajo la etiqueta de simples “errores de cálculo” o equivocaciones de “buena fe”, cuyos costos terminamos de pagarlo todos, mientras continuamos sin responsables, ni formalización alguna. Ejemplos de ello son las controversias por las cuentas de la luz o los graves errores de cálculo cometidos por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Mario Marcel, hechos que al menos ameritarían una investigación por prevaricación administrativa, cuestión que hasta ahora, al parecer, no ha ocurrido.

Por ello la reflexión de esta columna, la igualdad ante la ley no puede ser solo una declaración rimbombante o un eslogan de campaña. Porque la justicia se aplica por el hecho y no por el sujeto, la justicia no admite estándares distintos según quién sea el imputado, justamente porque daría la razón a quienes apuntan que en Chile existen sistemas de justicia para ricos y poderosos y otro para pobres y sin poder. Y esta es la razón de nuestra Constitución: protegernos de quienes tienen el poder y que contra ellos también se les aplique con igual rigor cuando infrinjan la Ley.

En conclusión, resulta profundamente llamativo que las declaraciones de la fiscal no hayan generado, al menos, una reacción en el espectro político ni en quienes ejercen funciones de control y fiscalización, como ocurre con el Congreso Nacional.

No es casual que el poder del Estado se distribuya en órganos autónomos e independientes: esa separación existe precisamente para asegurar los necesarios pesos y contrapesos que sostienen una democracia siempre frágil, que más que un simple sistema es un valor que debe resguardarse día a día. Y ahí radica el verdadero peligro: que se normalicen criterios que no deben normalizarse y que se tolere aquello que, en un Estado de Derecho, jamás debiera tolerarse.

Raimundo Palamara Stewart
Abogado
Presidente Fundación Fuerza Ciudadana