La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del exdiputado y exsenador Fulvio Rossi, y a otras tres personas por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023.
La audiencia fue liderada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, donde el fiscal Juan Zepeda detalló el mecanismo utilizado por los imputados para captar dinero de las víctimas, quienes confiaron en la promesa de acceder a viviendas sociales.
Según expuso la Fiscalía, durante el año 2022 Franco Rossi utilizó la red social Facebook para ofrecer servicios de asesoría legal, presentándose como “abogado”. Convocó públicamente a la conformación de un comité de vivienda denominado “Akatsuki”.
Su reconocimiento público en la región, al ser hijo de un exsenador, generó confianza entre los interesados, quienes se sumaron al proyecto.
Las familias realizaron aportes que fluctuaban entre 13 mil y 25 mil pesos por persona, supuestamente destinados a trámites administrativos. Sin embargo, los dineros fueron depositados en las cuentas bancarias de las coimputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete —hermana y entonces pareja del imputado, respectivamente— y Nicole Zerene Sunnah.
Estafa a comités de vivienda
Posteriormente, en noviembre de 2022, Rossi impulsó un segundo proyecto denominado “Viviendas Sarmenia”, para lo cual creó un grupo de WhatsApp con más de 120 personas.
En este caso, prometía la compra de terrenos en playa Sarmenia, los que serían subdivididos para la construcción de viviendas.
Las víctimas fueron citadas a una notaría para firmar documentos de constitución del proyecto y se les solicitó un pago inicial de $600 mil para gestiones administrativas, además de una segunda suma por el mismo monto como adelanto para la compra del terreno.
Al igual que en el primer comité, los dineros fueron depositados en las cuentas de las coimputadas.
Durante 2023 comenzaron los retrasos y excusas respecto de la supuesta compraventa del terreno, lo que generó inquietud entre los participantes.
Proyectos nunca existieron
Por lo mismo, cuando intentaron obtener respuestas, las víctimas se contactaron con Camila Eyzaguirre, quien señaló haber abandonado el proyecto, indicando además que su relación con Rossi había terminado y que desconocía el paradero de los dineros.
Posteriormente, al consultar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), las familias fueron informadas de que el terreno ubicado en playa Sarmenia no era apto para la construcción de viviendas, ya que corresponde a una zona de inundación.
Pese a las reiteradas solicitudes de las víctimas para conocer el destino de los fondos, el imputado nunca entregó un detalle ni restituyó los montos, los que alcanzaron al menos 145 millones de pesos, según la investigación del Ministerio Público.
El fiscal Zepeda indicó que las diligencias realizadas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación de cada uno de los imputados.
Finalmente, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para los formalizados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
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