Dos querellas contra el Servicio Mejor Niñez fueron presentadas en Magallanes, acusando que no se cumplieron órdenes judiciales. Una es por el caso de una niña con varios intentos de suicidio; y otra por una adolescente con problemas de alcohol y drogas que no se le trasladó a un recinto de salud especializada para tratar su condición mental.
Dos querellas fueron presentadas contra el Servicio de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) de Magallanes, acusando que no se cumplieron órdenes judiciales en la situación de una niña y una adolescente.
Nuestro medio asociado El Pingüino informó, con el consentimiento de los tutores legales, sobre la situación de una niña de 11 años con varios intentos suicidas y una adolescente de 15 años adicta al consumo de alcohol y drogas, las cuales ambas están bajo el cuidado de Mejor Niñez.
La madre de la niña informó que su hija, desde que ingresó a la residencia, efectuó diversos atentados contra su vida, pese a que hubo un mandato judicial en el cual se pedía realizar todas las gestiones para cuidar la integridad física y mental de la menor.
Por su parte, el padre de la adolescente denunció que Mejor Niñez no acató una orden judicial, la cual mandataba a la institución enviar a la joven a un recinto especializado para tratar sus adicciones a las drogas y alcohol. Debido a que Magallanes no cuenta con un espacio como ese, se barajó la idea de trasladarla para tales efectos a otra localidad del país.
Querellas
Para ambos, la institución no cumplió con lo mandatado por Tribunales. Esta opinión va en concordancia con una acción efectuada por el programa “Mi Abogado”, de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, ya que para ambos casos se presentó una querella por desacato en contra de Mejor Niñez.
Cabe explicar que “Mi Abogado” es una iniciativa que ofrece defensa jurídica especializada para niños y adolescentes que se encuentren en modalidades alternativas de cuidado. Esto incluye a los ingresados a residencias y aquellos con familias de acogida.
El primer escrito, en representación de la niña de 11 años, señala que el 2 de febrero de 2023, se celebró audiencia en el Tribunal de Familia de Punta Arenas. En ella se ordenó la contratación de personal 24/7 debido a las “conductas disfuncionales, autolesivas e intentos de suicidio” de la niña.
Luego, se adjunta la respuesta de Mejor Niñez, la cual fue que al tratarse de recursos del Estado, se debe consultar desde la dirección regional a la dirección nacional para disposición de los dineros.
“En este orden de ideas, el Servicio Mejor Niñez, hace caso omiso a una resolución del tribunal de familia en donde no tan solo en la última audiencia se ordenó contratación de personal 24/7, sino que lisa y llanamente se niegan a cumplir una orden judicial, lo que está penado por ley, constituyendo un eventual delito de desacato. (…) Cabe agregar, que respecto de dicha resolución no se presentó ningún recurso legal para impugnar lo decretado y fue notificado a dicho servicio (…)”, se dijo en el recurso.
El caso de la adolescente
El otro escrito, en representación de la adolescente, indica que el 10 de febrero de 2023 se ordena por el Tribunal de familia que la joven ingrese a un recinto de salud especializado para tratar su condición mental, precisando incluso que sea llevada a la Clínica Erikson.
Luego, se adjunta la respuesta de Mejor Niñez. Esta dice que “los costos monetarios que deriven del ingreso, de las atenciones, de los tratamientos y otros no corresponde que sean asumidos desde el área de este servicio. (…) Eventualmente debiese crearse una oferta, realizar la derivación a otra región del país mediante su sistema de gestión de camas, o en su defecto, recurrir a la contratación de dicho servicio en el ámbito privado”.
“En este orden de ideas, el Servicio Mejor Niñez, hace caso omiso a una resolución. Cabe agregar, que respecto de dicha resolución no se presentó recurso alguno dentro de plazo legal establecido para ello que impugnara la orden decretada”, mencionan en el documento los abogados querellantes, señalando posteriormente que, como en el caso anterior, se estaría incurriendo en el delito de desacato.
