“Soy inocente”.
Así salió a defenderse la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra la semana recién pasada, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente presentara su acusación en su contra. Se trata de un documento formal con el que el organismo persecutor la llevará a juicio y que detalla paso a paso los delitos que se le imputan y por los que arriesga 23 años de cárcel.
Según el escrito de casi 2 mil páginas, Barriga —quien alcanzó el sillón municipal gracias al apoyo de la UDI—, a través de un mecanismo defraudatorio y una mala utilización de recursos públicos, ocasionó un perjuicio de al menos $32.884.247.128.
El problema es que estas acciones habrían afectado de manera directa a los habitantes de la comuna: los recursos malversados estaban originalmente comprometidos con entidades proveedoras de servicios básicos. Aquí figuran la mantención de agua, luz, áreas verdes, entre otros aspectos claves para la vida cotidiana de los vecinos de una de las comunas más pobladas de Chile.
EL MECANISMO CENTRAL
El núcleo de la ofensiva judicial radica en la manipulación del presupuesto municipal. De acuerdo con el documento —analizado por Bío Bío Investiga—, desde la Municipalidad de Maipú se presentó información falsa ante la entidad fiscalizadora del patrimonio del municipio: el Concejo Municipal.
Este “engaño” tenía dos objetivos particulares: por un lado, la reasignación de fondos y, por otro, la implementación de programas sociales y eventos de alto costo. Estos últimos carecían de respaldo presupuestario.
Además —según la indagatoria— se habrían ocultado más de $13 mil millones en deudas con proveedores en la cuenta llamada “Acreedores”. Los dineros no aparecían en el balance oficial de la municipalidad.
Del mismo modo, en diciembre de 2019 se eliminaron de la contabilidad oficial gastos por un total de $6.801 millones, con el objetivo de presentar un balance financiero favorable.
Este desorden financiero generó deudas multimillonarias con algunos proveedores de servicios esenciales. Se trata de empresas ligadas a prestaciones clave para el funcionamiento de la comuna: recolección de basura, alumbrado público, obras urbanas y provisión de insumos básicos.
Según la fiscalía, entre los afectados se cuentan empresas dedicadas a distintas actividades en beneficio de la comunidad. Uno de los casos que más llama la atención es el de Veolia Su Chile S.A., compañía encargada de la recolección de basura en Maipú. Con esta última, la municipalidad —bajo la gestión de Cathy Barriga— generó una deuda de $2.399 millones.
Otros proveedores que —según el archivo judicial— fueron directamente afectados por la exalcaldesa son Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., Salcobrand S.A., GMPG Ingeniería y Construcción Limitada, Citelum Chile S.P.A., Constructora Mavasa S.A. y Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
La Contraloría General de la República, en un informe emitido el 30 de junio de 2021, estimó que el municipio presentaba un déficit presupuestario de al menos $30.739.310.000.
Los colegios
Las prácticas de maquillaje presupuestario no afectaron únicamente a proveedores externos. En paralelo, también tuvieron un impacto en entidades municipales como la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC).
Esta corporación recibe los llamados Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Es decir, recursos estatales destinados a administrar la educación pública de la comuna. En total, gestionaba durante la época de Barriga 26 establecimientos educacionales y 26 jardines infantiles. Según el escrito, la entonces alcaldesa habría desviado este dinero para realizar dos polémicas compras.
En primer lugar, según estipula el documento judicial, desde la municipalidad se habrían gastado $144 millones en dos compras de kits de útiles escolares. ¿El problema? Habrían sido entregados a estudiantes de establecimientos privados, pese a que los fondos FAEP están destinados exclusivamente a la educación pública.
La indagatoria de la fiscalía sostiene que, con el afán de ocultar estos gastos, se habrían utilizado facturas ideológicamente falsas, en las que se alteraba la descripción de los productos adquiridos.
Además, el escrito detalla la compra de miles de pares de peluches con fondos entregados por el Estado: 5.000 pares en una orden y 10.000 pares en otra. Estos peluches —según establece la indagatoria— estaban destinados a una finalidad completamente ajena al verdadero objetivo de los fondos: la publicidad y promoción de la gestión de la exalcaldesa, un tipo de gasto que ya había sido objetado por la Contraloría General de la República en informes previos. En total, se habrían gastado $54,9 millones.
Una marca que “se adueñó”
El uso de recursos públicos no se habría limitado a la CODEDUC, sino que se habría extendido a otras áreas de la gestión municipal. Una de ellas fue la marca “Fuerza de Mujer”, un proyecto personal de Cathy Barriga que, si bien al principio fue registrado a nombre de terceros, posteriormente fue transferido a nombre de la exalcaldesa.
Con fondos municipales se habrían cubierto eventos, contratación de animadores como Mariela Sotomayor, realización de charlas, mobiliario, entre otros gastos. Según el Ministerio Público, el monto total desembolsado asciende a $125,3 millones.
Asimismo, una situación insólita habría ocurrido bajo su administración. La protagonista es Andrea Verónica Fuentes Pérez. Según la acusación, la mujer fue contratada inicialmente para ejercer labores de “limpieza, aseo y mantención” en dependencias municipales. Sin embargo —según se sostiene en el documento—, en la práctica se desempeñaba de manera exclusiva en el cuidado de uno de los hijos de la exchica Mekano.
Esta simulación de contrato habría generado un perjuicio fiscal de al menos $9,7 millones, correspondiente a remuneraciones pagadas con recursos públicos por un servicio de carácter privado.
Otra arista de la malversación se expresó en la contratación de la empresa LEGALCORP para el seguimiento y monitoreo de causas de interés municipal. Según la fiscalía, Barriga instruyó a la empresa para que, además de sus funciones municipales, realizara seguimiento a causas judiciales en las que estaba involucrada junto a su marido, Joaquín Lavín Jr. Dichos procesos estaban relacionados con deudas de campaña y no con los intereses de la comunidad maipucina.
El agua potable
Hay más. Durante la gestión de la exalcaldesa —según la fiscalía— se habría incumplido de manera sistemática y deliberada el Plan de Desarrollo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Maipú. Dicho plan es fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y asegura las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua a la población.
Información contenida en el expediente judicial da cuenta de que la Municipalidad de Maipú habría incumplido el 98,3% de las inversiones comprometidas durante la administración de Barriga, lo que equivale a $16.969 millones que no fueron ejecutados en obras de infraestructura sanitaria, generando deficiencias concretas en el servicio que reciben los vecinos.
De la misma manera, la asignación de presupuestos anuales para el SMAPA fue inferior a lo pactado con la SISS. Además, los fondos que sí eran aprobados posteriormente eran rebajados mediante modificaciones presupuestarias para ser desviados a otras áreas del municipio.
FALSIFICACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OBSTRUCCIÓN A LA FISCALIZACIÓN
Para ocultar el masivo déficit fiscal y la gestión fraudulenta, la acusación sostiene que se recurrió a la falsificación de instrumentos públicos. Esto habría permitido encubrir durante años la real situación financiera del municipio.
Según el Ministerio Público, la exalcaldesa habría informado falsamente sobre el estado financiero del municipio en sus cuentas públicas anuales. En específico, en la cuenta pública de 2020 se habría ocultado la existencia de pasivos por $20.756 millones y se omitió informar un déficit presupuestario real de $21.875 millones.
El escrito también sostiene que la administración de Barriga entregó información falsa a la Contraloría General de la República, ocultando los déficits presupuestarios y de caja.
El CIERRE de la investigación
A través del escrito, la fiscalía solicitó distintas penas de cárcel para Cathy Barriga, que, en conjunto, superan los 23 años.
En concreto, se pedirá 10 años y 1 día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado; 5 años y 1 día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.
“Además, se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, señaló Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente.
Desde la vereda del frente, la defensa de la exalcaldesa solicitó la reapertura de la investigación. Cristóbal Bonacic Midane, abogado de Barriga, argumentó esta petición en diligencias que “requirió oportunamente, y que el Ministerio Público rechazó y/o no sé pronunció, según se explicará en la instancia respectiva”.
“Estando dentro del plazo previsto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a S.S. que se sirva fijar audiencia para debatir la reapertura de la investigación, para que con ello se ordene la realización de una serie de diligencias”, explica el abogado Bonacic en el documento.
Entre los ejemplos que enumera la defensa hay diligencias de la Contraloría General de la República, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y a la Municipalidad de Maipú, a quienes piden complementar informes con detalles de postulaciones, presupuestos, ingresos, gastos, déficits, entre otros ítems.
Sea como sea, de manera preliminar, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 3 de febrero.
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