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La agenda de Trump II confirma una verdad incómoda: en la nueva geopolítica, los recursos vuelven a ser poder.
El acceso, control y explotación de los recursos estratégicos ha vuelto a situarse como un eje prioritario de la política económica, de seguridad y de relaciones exteriores de los Estados Unidos.
En un escenario marcado por la competencia estructural con China, las materias primas críticas —en particular las tierras raras y los minerales esenciales para la industria tecnológica y militar— han dejado de ser un asunto técnico o comercial para convertirse en un instrumento explícito de poder geopolítico.
Estados Unidos enfrenta una vulnerabilidad estructural difícil de soslayar. Depende en alto grado de China para el suministro de numerosos insumos críticos, especialmente en las fases intermedias de la cadena de valor, como el refinado y el procesamiento.
Hasta comienzos de los años noventa, Washington fue líder global en este ámbito; sin embargo, externalizó progresivamente estas capacidades, mientras Beijing construyó, con visión estratégica y fuerte apoyo estatal, una posición dominante a lo largo de toda la cadena productiva.
Esta asimetría explica la creciente securitización del debate sobre materias primas y el giro hacia una política industrial más agresiva, iniciada bajo Obama, reforzada por Biden y profundizada bajo Trump.
Mientras Biden vinculó la política de materias primas a la transición verde, los incentivos a la demanda y el multilateralismo, Trump ha optado por desmantelar buena parte de esos instrumentos y privilegiar una expansión acelerada de la oferta.
Ello se ha traducido en una desregulación ambiental, subsidios directos y una intensa intervención estatal, amparada en argumentos de seguridad nacional. El uso de la Ley de Producción de Defensa, junto con el protagonismo del Pentágono y de la Corporación Financiera de Desarrollo, revela una paradoja significativa: un presidente republicano impulsando una política de planificación estatal masiva.
Los aranceles han vuelto a ocupar un rol central, aunque con resultados limitados. La persistente dependencia de importaciones obliga a conceder excepciones recurrentes, mientras China responde con controles de exportación que afectan directamente a sectores clave de la economía estadounidense, como la industria automotriz, los semiconductores y la defensa. La escalada comercial confirma que la autonomía en materias primas no se construye en el corto plazo y que, pese a su retórica confrontacional, Trump se ve forzado a negociar con Beijing.
En política exterior, la nueva agenda de materias primas supone un retorno a un enfoque abiertamente transaccional y extractivista. Acuerdos con Ucrania, Congo o Australia vinculan de manera explícita el apoyo político y de seguridad al acceso preferente a recursos estratégicos. Si bien pueden generar beneficios inmediatos, también entrañan riesgos relevantes, al subordinar gobernanza, sostenibilidad y desarrollo de largo plazo a objetivos geopolíticos de corto alcance.
El desafío para Chile
Chile, con abundantes reservas de cobre, litio y otros minerales estratégicos, se encuentra inevitablemente en el radar de las grandes potencias y debe evitar quedar reducido al rol de mero proveedor de materias primas. La competencia entre Estados Unidos y China puede traducirse en mayor interés inversor y nuevas alianzas, pero también aumenta la presión por decisiones apresuradas que comprometan una estrategia nacional madura y de largo alcance.
Dos variables adicionales merecen especial atención. La primera es el enorme potencial minero de Argentina y Bolivia, particularmente en áreas vinculadas a los puertos de Tarapacá y Antofagasta.
Chile debe reflexionar sobre su rol en la explotación de recursos minerales ubicados en ambos países limítrofes no sólo desde una perspectiva comercial o económica, sino que, ante todo, geopolítica. Sólo así podrá maximizar los beneficios que puede capturar garantizando un acceso a los puertos del Océano Pacífico, que viabilizan la explotación minera.
Fortalecer algunas cadenas logísticas del norte de Chile es clave para aumentar la viabilidad minera de ambos países y consolidar de esa manera una nueva posición estratégica del país.
La segunda es la urgente necesidad de modernizar el Tratado Minero con Argentina de 1997. Concebido con grandes expectativas, tuvo en Pascua Lama una demostración de los costos de negociar acuerdos sin miradas de largo alcance. Por lo mismo, insistir en su statu quo arriesga costos políticos y de imagen a ambos lados de la frontera.
En un escenario de creciente instrumentalización geopolítica de los recursos naturales, preservar la autonomía de decisión es tan importante como atraer inversiones.
La agenda de Trump II confirma una verdad incómoda: en la nueva geopolítica, los recursos vuelven a ser poder.
Para Chile, el desafío consiste en insertarse con inteligencia en este escenario, defendiendo sus intereses nacionales y evitando que la urgencia estratégica de otros —y miradas breves internas— termine hipotecando su propio desarrollo futuro.
