El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, en la región de Magallanes, condenó al Estado de Chile, una indemnización de 180 millones de pesos en favor del enfermero Óscar Franco Duguet, un exdirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), quien víctima de maltratos durante la dictadura militar.
En 180 millones de pesos de indemnización deberá pagar el Estado de Chile a Óscar Franco Duguet, un exdirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) en Porvenir, en la región de Magallanes, quien se vio afectado durante la dictadura militar.
Según los informes, la víctima, quien es enfermero de profesión, trabajaba en el Hospital de Porvenir para el 11 de septiembre de 1973.
Detenciones y maltratos a Óscar Franco Duguet
En ese entonces, mientras ejercía sus funciones, miembros del Ejército irrumpieron en el recinto asistencial y lo trasladaron al Regimiento Caupolicán.
Según la demanda, los uniformados lo hostigaron por su rol en la Fenats y su supuesta militancia en el MAPU, lo cual no resultó ser efectivo.
Tras tres días preso en el regimiento, tal como se acreditó en el juicio, el enfermero fue sometido a diversos maltratos por los efectivos del lugar.
Cuando recuperó su libertad, el demandante permaneció vigilado por la autoridad a través de firmas en la comisaría. Además, durante el régimen militar fue objeto de detenciones y allanamientos ilegales.
Estado deberá pagar $180 millones de indemnización
La demanda fue ingresada en enero de 2021. Tras más de un año y medio de tramitación, el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas dio por acreditado el daño sufrido por la víctima.
“Encontrándose acreditado el actuar ilícito del Estado, contrario a la Constitución y a las leyes, y el daño que dicho actuar causó al demandante, surge entonces su responsabilidad (…) por lo cual se acogerá la demanda”, dice la sentencia firmada por el magistrado Claudio Neculmán.
Cabe destacar que la sentencia aún no está firme y ejecutoriada. Por eso, el Consejo de Defensa del Estado recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para que sea revocada o, en subsidio, se rebajen los 180 millones de pesos que se ordenaron en primera instancia.
