El Senado despachó a tercer trámite el proyecto de reajuste al sector público 2026, a la vez que nuevamente rechazó las normas de “amarre” defendidas por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Por 28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención fue aprobado este martes el texto en general y, en particular, todas aquellas normas sobre las cuales no se solicitaron votaciones separadas, ni se presentaron indicaciones.
En la instancia se aprobó la idea matriz de la iniciativa, que tiene relación con los bonos y aguinaldos de los trabajadores y que considera un reajuste del sector público del 3,4% (alza retroactiva de 2% en diciembre y 1,4% en junio del presente año).
En tanto, se rechazaron las disposiciones que, por ejemplo, obligaba a los funcionarios de confianza a renunciar a más tardar el 11 de marzo, o aquella que establece por ley el procedimiento de reclamación ante la CGR por el principio de confianza legítima.
Lo anterior, pese a que, en el caso de confianza legítima, el Gobierno dividió esa enmienda en dos indicaciones: una en la que se dejaba la fundamentación del despido, y en la otra el plazo donde los trabajadores podían reclamar a Contraloría, que fue fijada en cinco años.
De esta manera, lo correspondiente a la imputación al gasto, el de cese de funciones, y el de endurecimientos a las justificaciones para la desvinculación de funcionarios que se encuentra a contrata, fueron rechazados.
También vieron votación negativa aquellos artículos sobre la expansión del giro de Correos de Chile, así como el que precisa sobre que el personal a contrata podría acudir a Contraloría para apelar ante despidos. Es decir, no lograron el quórum requerido.
Las normas de “amarre” rechazadas por el Senado
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que estuvo presente en la votación, explicó que en el Gobierno central trabajan 100 mil personas en planta y 287 mil a contrata. Esto implica que éstas últimas trabajan en funciones de carácter permanente, por lo que se buscaba que, en el caso de no renovarse su contrata, se hiciera por un acto fundado.
Posteriormente, la Cámara Alta rechazó también la norma que establecía que cuando una persona que haya trabajado a contrata 5 años o más y reclame ante la Contraloría, ésta tendría el deber de entregar su opinión al respecto si es que ese caso en particular no está judicializado.
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