En prisión preventiva quedaron los imputados por el incendio que destruyó la Municipalidad de Panguipulli el pasado 5 de febrero, en hechos ocurridos en medio de protestas tras la muerte de Francisco Martínez, malabarista que murió baleado por un carabinero.

En específico, los imputados fueron identificados como César Rodrigo Catriquil Truy Truy (39) y Manuel Jesús Pacheco Gutiérrez (26), ambos domiciliados en esa comuna.

Al primero, se le imputa el incendio al edificio consistorial, y al segundo el incendio que afectó a otro edificio donde funcionaban servicios públicos.

A su vez, el fiscal Daniel Soto apuntó que “lo que se hizo fue formar un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones de la región de Los Ríos, apoyado por personal de los laboratorios de criminalística de dichas policías”.

“Asimismo, contamos con los informes de personal de Bomberos, que siempre estuvieron dispuestos a darnos los informes técnicos que requeríamos”, explicó, añadiendo que esto último ayudó a dar con la identidad de los acusados.

Por parte del Gobierno, que es querellante en este caso, el intendente de Los Ríos, César Asenjo, valoró lo decidido por la justicia, destacando que existieran resultados a dos semanas de los hechos.

En su momento, Radio Bío Bío pudo constatar que entre los edificios destruidos por el fuego se encontraba la Municipalidad de Panguipulli, el Departamento Social Municipal, Correos de Chile, ChileAtiende, el Registro Civil, Juzgado de Policía local, Essal y Recursos humanos de la Municipalidad.

Dicha jornada, tuvieron que concurrir 7 cuerpos de Bomberos de distintos lugares de la región de Los Ríos, además de la totalidad de compañías de Bomberos de Panguipulli.

Asimismo, por orden del juez de Garantía de Panguipulli, se decretaron 90 días de plazo para la investigación respectiva.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)