"No basta simplemente con que alguien se atribuya alguna conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización", estos fueron los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la confesión de Héctor Llaitul en relación al robo de madera para financiar armas.

De visita en Puerto Montt, el fiscal nacional Jorge Abbott, aseguró que la confesión de Héctor Llaitul, en torno al destino de las ganancias derivadas del robo de madera, no son suficientes para imputarle un delito en particular.

El jefe del organismo abordó los dichos de Llaitul en los que aceptaba que la madera robada en el área de conflicto del sur del país, tiene como fin la adquisición de armas y municiones.

En esa línea, afirmó que la Fiscalía está investigando a partir de la ampliación de la última querella presentada por el Ministerio del Interior, pero reiteró que la confesión no tiene valor por sí misma, ya que tiene que ser sustentado con pruebas recogidas por organismos destinados a la persecución de delitos.

“No basta simplemente con que alguien se atribuya alguna conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización de una investigación que requiere mayores antecedentes que esa simple declaración”.

“Por supuesto que tiene valor”

El exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, respondió a través de Twitter y aseveró que las declaraciones de Llaitul sí tienen valor.

“El reconocimiento de participación en un delito es un antecedente importante en la fase investigativa y contribuye a la convicción de los jueces en etapa de juicio. Distinto es que sea insuficiente por sí sola para condenar”, expresó.

Abbott se defendió de las críticas que apuntan a un fracaso del organismo que dirige, asegurando que los lienzos que se dejan en los ataques incendiarios portan mensajes contra la acción de sus subordinados.

En relación al robo de madera, la autoridad expresó que han pedido al Servicio de Impuestos Internos que presente (SII) las querellas correspondientes para perseguir penalmente delitos que estén relacionados con infracciones tributarias, complementando que existen diligencias en curso relacionadas a particulares, sujetas a secreto.