La Asociación de Contratistas Forestales cuestionó que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) no defienda a sus trabajadores, víctimas de ataques incendiarios y hasta secuestro entre Bío Bío y La Araucanía.

En respuesta, el organismo señaló que actúa sólo contra el Estado, pero que la inseguridad en la zona del conflicto territorial ha sido observada al Gobierno.

Según la asociación, el ataque “número 212” fue el que encendió las alarmas en el grupo, cuando trabajadores que se desplazaban en un bus en el sector Los Sauces, en la provincia de Malleco, fueron secuestrados por desconocidos.

Para René Muñoz, gerente de la organización gremial, se trata de un nuevo hecho que confirma la “pasividad cómplice del Estado chileno” frente a la inseguridad en que trabajan los contratistas forestales en La Araucanía y en la provincia de Arauco, sin que el INDH intervenga como sí lo hace en otros casos.

La preocupación, la molestia y las dudas de la agrupación fueron planteadas en persona durante una reunión en enero a la directora del INDH en Concepción, Carolina Chang, quien explicó que el trabajo del organismo no incluye actuar contra particulares.

Muñoz insistió en que el INDH, al ser parte del Estado, debe velar por el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, más cuando su financiamiento se hace con los impuestos que pagan incluso los trabajadores hoy desvalidos frente aL actuar de grupos violentistas.