La acusación afirma que desde ese momento los querellados, el exseremi Carlos Contreras, y Daniel Andrade actuaron de “mala fe, intentaron a toda costa limitar el acceso (...) a la verdadera información de los Convenios. Nos mintieron, dilataron y, posteriormente negaron la entrega de antecedentes”.
Revolución Democrática presentó el 15 de septiembre una nueva querella por el Caso Convenios, en la que el expresidente Juan Ignacio Latorre asegura que “parece improbable” que la diputada Catalina Pérez no supiera de los movimientos protagonizados por la fundación Democracia Viva, dirigida por su pareja en ese momento, Daniel Andrade.
Esto es parte de los nuevos antecedentes que se incluyeron en la acusación criminal contra Carlos Contreras y Daniel Andrade, ingresada al Juzgado de Garantía de Antofagasta. A esto se suma parte del chat de la directiva del partido del día en que estalló la crisis provocada por los tratos directos alcanzados por Democracia Viva y el Minvu de Antofagasta.
El 6 de junio, la directiva a cargo del partido intercambió una serie de comentarios por WhatsApp, comentando lo que estaba pasando y lo que pensaban respecto al escándalo.
Poco a poco se conocían detalles de los traspasos de millonarios fondos estatales desde el Serviu de Antofagasta, liderado por el exseremi y ex RD, Carlos Contreras, a la fundación liderada por su amigo, también exmilitante RD y ahora expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.
Ese día, desde las 11:30 horas cuatro de los siete integrantes de la directiva de RD intercambiaron comentarios respecto de la situación, conversación que fue incluida en la querella.
En el diálgo, que se dio justo después de conocer el caso, están presentes Araceli Farías (secretaria general), Sofía Valenzuela (tesorera), Matías Sembler, (coordinador de contenidos) y Lorena Cisternas (coordinadora de redes ciudadanas).
La acusación afirma que desde ese momento los querellados, el exseremi Carlos Contreras, y Daniel Andrade actuaron de “mala fe, intentaron a toda costa limitar el acceso (…) a la verdadera información de los Convenios. Nos mintieron, dilataron y, posteriormente negaron la entrega de antecedentes”.
Además de la conversación, la querella incluye un relato de Juan Ignacio Latorre, en el que detalla que “la principal preocupación en ese minuto fue político-comunicacional, porque se abría un “flanco”.
Latorre agrega que Catalina Pérez se le acercó ese mismo día y “minimizó la gravedad del asunto, señalándome que se había levantado un “tema” referido a la adjudicación de unos convenios, pero, que todo se encontraba en orden”.
El senador agrega que quedó tranquilo, ya que supuso “que ella en su calidad de abogada y promotora acérrima de la probidad tenía todo en orden”. Agregó que con la finalidad de “resguardar a Pérez –en quien, reitero, confiaba profundamente- y evitar cualquier interpretación inadecuada, le sugerí que enviara un oficio a Contraloría (…) para que se pronunciara”.
“Parece improbable”
A las 20:00 se reunió la directiva de RD con el exseremi Contreras y Andrade; además de la jefa de gabinete de Catalina Pérez, Romina Neumann; Paulina Cabrera y Vesselina Vateva, por parte de la Fundación Democracia Viva. Por la directiva RD estuvo Aracelli Farias, Sofía Valenzuela, Matías Sembler, Lorena Cisternas, Edson Dettoni y Juan Ignacio Latorre.
Reunión que a nadie dejó conforme. Según Latorre, Contreras explicó los hechos, “con un discurso bastante articulado, planteando esta situación como medidas que contribuyeron a democratizar lo relacionado al ámbito de las fundaciones (…), permitiendo que participaran más entidades de esa naturaleza y no solo las del gobierno anterior. También, informó que se trataban de 3 convenios suscritos entre la Seremi y la Fundación Democracia Viva, cuyo monto superaba los $400.000.000 (…). Se nos aseguró que estaba todo en orden”.
Otra de las mentiras que se les dijo es que Democracia Viva “tenía dos años de experiencia en territorio”, pese a que se fundó en febrero de 2022 legalmente. “En otras palabras, derechamente, Carlos Contreras y Daniel Andrade nos mintieron. Días después se descubriría que no tenían experiencia alguna en el tema de habitabilidad”, dice la querella.
Tras todo lo conocido desde junio a la fecha, la querella plantea que parece improbable que la diputada Catalina Pérez no estuviera al tanto de lo que pasaba en su región.
“En dicha reunión, también, se preguntó si la diputada Pérez tenía conocimiento de todo esto, a lo que respondió su jefa de Gabinete señalando que no, cuestión que transcurridos los días a la Directiva nos pareció bastante improbable”, dice Latorre en la acusación.
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