La resolución marca un punto de inflexión en la disputa por el millonario entendimiento entre la estatal y la minera privada. Tras meses de presión política y recursos judiciales, la Contraloría fijó el perímetro de su actuación: no intervendrá donde la justicia ya dictó órdenes explícitas, pero sí activará sus potestades de fiscalización en aquellos ámbitos donde persisten dudas sobre la regularidad de los procedimientos y contratos asociados al pacto por el litio entre la empresa del exyerno de Pinochet y la estatal Codelco.
En el documento, al cual tuvo acceso Radio Bío Bío, la Contraloría es categórica al señalar que se encuentra “impedida de emitir un pronunciamiento acerca de las alegaciones (…) toda vez que, respecto de algunas, los tribunales de justicia ordenaron a esta entidad de control derechamente abstenerse de informar, en tanto que otras fueron resueltas por los tribunales de justicia o, en su caso, constituyen aspectos de mérito, que la ley le prohíbe calificar”.
Mira el documento:
Se trata de un cierre formal a una serie de reclamaciones impulsadas por parlamentarios, comunidades indígenas y particulares que cuestionaban desde la habilitación legal de Codelco y Corfo, hasta la ausencia de una licitación pública.
El pronunciamiento repasa, uno a uno, los principales flancos del debate y constata que la mayoría ya fue zanjada por la judicatura. En materia de facultades legales de Codelco para explotar litio y constituir filiales, la Contraloría recuerda que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron que el decreto ley N° 1.350 autoriza expresamente a la estatal a desarrollar actividades vinculadas a minerales no ferrosos, incluyendo el litio.
En consecuencia, cualquier dictamen adicional habría significado invadir competencias exclusivas del Poder Judicial.
Lo mismo ocurre con el rol de Corfo y el uso del trato directo con SQM. El oficio consigna que la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó el encargo realizado a Codelco para negociar el acuerdo y descartó que existiera obligación legal de llamar a licitación pública, considerando el marco normativo especial que rige a la empresa estatal y la vigencia de contratos previos con SQM en el Salar de Atacama. Bajo ese escenario, la Contraloría concluye que no puede reabrir debates ya resueltos judicialmente.
En relación con la consulta indígena, otro de los ejes más sensibles del conflicto, el organismo fiscalizador vuelve a remitirse a fallos judiciales. Según el documento, los tribunales determinaron que el acuerdo de asociación no constituía, por sí mismo, una intervención que obligara a una consulta más amplia, y que el proceso llevado adelante por Corfo se ajustó a la normativa vigente y dio respuesta a las observaciones formuladas por las comunidades participantes.
Abren auditoría
Sin embargo, el oficio no se limita a cerrar puertas. En un giro relevante, la Contraloría anuncia el inicio de una auditoría formal. “Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General”, señala expresamente el texto. El foco estará puesto, entre otros aspectos, en el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
Para justificar esta intervención, la Contraloría invoca sus facultades de fiscalización sobre empresas y sociedades en que el Estado tiene participación mayoritaria o equivalente, recordando que la ley le permite “cautelar la regularidad de sus operaciones” y “hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados”. A diferencia del dictamen jurídico, la auditoría sí permite un escrutinio profundo sobre procedimientos, contratos y uso de recursos públicos.
El resultado es un cuadro institucional nítido: el acuerdo Codelco-SQM queda, en lo sustantivo, blindado por decisiones judiciales que cierran el paso a nuevos pronunciamientos administrativos. Pero, al mismo tiempo, se abre una vía de fiscalización técnica que podría revelar eventuales irregularidades operativas o financieras.
La Contraloría, en rigor, no se retira del caso: cambia de carril y activa su herramienta más incisiva, la auditoría, en un conflicto que sigue tensionando la política minera, el debate parlamentario y la gobernanza del litio en Chile.
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