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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Diputadas de oposición María Luisa Cordero, Sofía Cid y Carla Morales impulsan proyecto de ley para penalizar denuncias falsas en delitos sexuales, proponiendo incluirlo en el Código Penal con penas de presidio. Buscan proteger a las verdaderas víctimas y fortalecer la confianza en el sistema judicial, ante aumento del 5% en acusaciones falsas según Fiscalía.

Las diputadas de oposición, María Luisa Cordero (Ind-RN), Sofía Cid (Ind-Rep) y Carla Morales (RN), están impulsando un proyecto de ley que endurece las penas para quienes formulen denuncias falsas en casos de delitos sexuales.

En concreto, el proyecto propone incorporar al Código Penal el delito de denuncia falsa en materia sexual, con penas que podrían oscilar entre el presidio menor en grado medio y máximo, alcanzando presidio mayor en los casos más graves.

Según las parlamentarias, la iniciativa busca salvaguardar a víctimas reales y reforzar la confianza en el sistema judicial chileno, esto cuando las acusaciones de este tipo han aumentado un 5% según Fiscalía.

La iniciativa de diputadas de oposición por denuncias falsas

En este marco, la diputada Cordero destacó que “las denuncias falsas no solo destruyen la vida de personas inocentes, sino que también sobrecargan un sistema judicial ya colapsado, desviando recursos y tiempo que deberían estar destinados a las víctimas reales de estos delitos”.

“Es hora de que el ordenamiento jurídico chileno contemple sanciones acordes con la gravedad del daño que generan estas acusaciones”, recalcó.

Por su parte, Morales enfatizó el impacto social de estas denuncias en la vida de los afectados, señalando que “el daño reputacional que sufre alguien acusado injustamente de un delito sexual es irreparable. Aunque la justicia dicte una absolución, el estigma persiste”.

Y a su vez, la parlamentaria Cid subrayó que “este proyecto busca ser un freno a esas prácticas maliciosas y un apoyo para quienes acuden al sistema judicial en busca de reparación y protección”.

“Este cambio es esencial para garantizar que el sistema penal cumpla su propósito: proteger a los inocentes y castigar a los verdaderos culpables. No podemos permitir que una herramienta diseñada para defender se utilice como arma para destruir”, concluyó Morales.