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El diputado Diego Schalper, presidente de la subcomisión parlamentaria de Crimen Organizado, instó al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a dar prioridad al proyecto de ley que busca penalizar el "turbazo", un delito que implica entrar violentamente a hogares para robar durante el caos. Schalper destacó la necesidad de actualizar la legislación penal actual ante el aumento preocupante de esta práctica delictiva, que a menudo queda impune debido a la falta de una tipificación clara. El proyecto propone sancionar con presidio mayor en sus grados mínimo a medio a quienes realicen robos en grupo en viviendas, locales comerciales u oficinas, con el objetivo de enfrentar la criminalidad organizada y brindar mayor protección a la ciudadanía.

El diputado Diego Schalper, presidente de la recientemente conformada subcomisión parlamentaria de Crimen Organizado, le solicitó formalmente al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que otorgue urgencia al proyecto de ley que busca tipificar como delito el denominado “turbazo”.

Esta iniciativa, presentada en noviembre del año pasado, responde al preocupante aumento de esta práctica delictiva, que consiste en el ingreso a viviendas de forma masiva y violenta, con el objetivo de sustraer bienes en medio del caos.

En ese sentido, el legislador apunta a que la falta de una tipificación clara para este tipo de delitos ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar el marco penal vigente.

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Actualmente, los “turbazos” quedan muchas veces sin una respuesta jurídica adecuada, lo que dificulta su persecución y sanción.

En este contexto, el diputado Schalper enfatizó la importancia de fortalecer la legislación para enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad organizada y garantizar una mayor protección a la ciudadanía.

“Nos reunimos con el ministro Elizalde y le solicitamos formalmente poner urgencia al proyecto de ley que endurece las penas respecto del delito de robo en turba, que en realidad se denomina en multitud, porque la expresión turba no es jurídica”, señaló el parlamentario.

El proyecto propone castigar con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio a quienes, en grupo y valiéndose del tumulto o la multitud, se apropien de dinero o especies dentro de viviendas, locales comerciales u oficinas.