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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República inició una fiscalización a las licencias médicas de funcionarios públicos para verificar su correcta utilización y evitar posibles abusos, solicitando información sobre las emitidas entre 2022 y 2024. María Soledad Ramírez, exsuperintendenta de Seguridad Social, resaltó la importancia de detener los abusos en los sistemas de seguridad social, mientras que el senador Gustavo Sanhueza de la UDI valoró positivamente la medida como clave para prevenir malversación de fondos y garantizar la correcta utilización de recursos estatales. Según la Dirección de Presupuestos, los funcionarios públicos promedian 3,1 licencias médicas al año, lo que equivale a cerca de 32 días de trabajo perdidos.

La Contraloría General de la República (CGR) inició una fiscalización a las licencias médicas extendidas por funcionarios de distintos servicios públicos del país.

El organismo contralor busca verificar la correcta utilización de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, con el fin de evitar que estas sean utilizadas para otros fines.

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Según indicó la CGR, para cumplir con el cometido se le pidió a las instituciones públicas entregar información sobre las licencias emitidas durante el período 2022-2024.

Al respecto, la exsuperintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, aseguró que -con esta medida- se busca “detener los abusos” y evitar que “paguen justos por pecadores”.

“Creo que esto es para parar los abusos. Nuestros sistemas de seguridad social necesitan ser objeto de una defensa no solamente por parte de las autoridades, sino que también por parte de los empleadores y también los trabajadores”, añadió.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien además es miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, valoró positivamente lo solicitado por el ente contralor.

“Este tipo de fiscalizaciones son fundamentales para prevenir la malversación de fondos públicos y garantizar la correcta utilización de los recursos estatales”, comentó.

Por último, cabe consignar que de acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Presupuestos, los funcionarios públicos promedian 3,1 licencias médicas al año, lo que se traduce en casi 32 días de trabajo perdidos.