Cordero: "El marco regulatorio de la justicia militar es parcial... tiene un problema estructural"

Este martes se llevó a cabo la Cuenta Pública del Ministerio de Justicia, donde el líder de la cartera, Luis Cordero, abordó los principales desafíos y los ejes centrales.

En esta línea, el ministro abordó el tema de justicia militar, teniendo en cuenta que la Corte Suprema debe decidir si el caso de los conscriptos de Putre queda en manos de la justicia militar o civil.

“La contienda de competencia ya está trabada, el Ministerio Público tiene una posición en términos de por qué la justicia ordinaria tiene que actuar sobre este tipo de aspectos. Ya existe un debate previo, entre otras cosas, por las características que tiene la justicia militar”, señaló el secretario de Estado.

Recalcando que “él ha emitido un informe, el fiscal subrogante de la Corte Suprema, que se basa esencialmente en la literalidad de las reglas del Código de Justicia Militar. Y nosotros esperamos que la Corte resuelva razonablemente la contienda de competencia”.

Respecto a la respuesta del Ejecutivo por las críticas que hay hacia la justicia militar, Cordero mencionó que “el Ejecutivo… simplemente yo para eso tengo que sacar de un cajón el conjunto de evaluaciones que hay sobre la justicia militar y que es relativamente transversal”.

“Si uno saca la pasión de por medio o saca la contingencia desde hace por lo menos un par de décadas, nosotros tenemos acuerdo de que el marco regulatorio de la justicia militar es parcial (…). Además, está construida sobre la base del sistema antiguo. Y esto no solo perjudicial para las víctimas, sino que sobre todo también para las personas que son investigadas”.

“Entonces, si uno saca la pasión de por medio, es evidente que el diseño de la justicia militar tiene un problema estructural, que es necesario abordar”, sentenció el ministro de Justicia.

Caso Ronald Ojeda

Durante la instancia, el secretario de Estado fue consultado por distintos temas, entre ellos, el caso del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, y la presencia de fiscales de ese país en Chile.

Recordemos que el fiscal venezolano Tarek William Saab informó a su par chileno, Ángel Valencia, que una comitiva realizaría una visita a Chile a partir del 28 de mayo.

Lo anterior, con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del exmilitar venezolano. Esto, en el marco de cooperación penal internacional.

“Desde que ocurrió la situación del exteniente Ojeda, el Estado de Chile ha tenido una posición muy proactiva. El canciller lo ha dicho y lo ha planteado explícitamente, y esto ha tenido que ver en una manifestación, por lo menos del Gobierno venezolano, hace un tiempo, de colaborar con la investigación”, sostuvo Cordero.

Añadiendo que “esas personas asisten al país; no pueden realizar diligencias de investigación y, por lo tanto, solo pueden llevar a cabo entrevistas que, de acuerdo a las reglas de cordialidad establecidas en el país, puedan ser realizadas con el Ministerio Público u otras instituciones que el Ministerio Público considere adecuadas”.

“Tal como ha transmitido la Cancillería, el gobierno venezolano ha manifestado voluntad… Sobre los intercambios de información, producto de los aspectos vinculados a la investigación, es un aspecto que entiendo que forma parte de la reserva de la investigación (…)”, indicó el ministro de Justicia.