Por ocho votos contra 5, la Comisión Investigadora del llamado 'Caso Convenios' aprobó un informe que usó como documento base la propuesta de Chile Vamos y que apuntó a eventuales vulneraciones a la ley, de parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La Comisión Investigadora del llamado ‘Caso Convenios’, entregó un informe que nombró a una serie de autoridades de gobierno y abrió el camino para argumentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

No se salvó nadie: Montes, Javiera Martínez, el Consejo de Defensa del Estado, Miguel Crispi, Gabriel Boric y Daniella Caldana, auditora general de gobierno.

Fue un día que partió con el informe del PDG, Rubén Oyarzo -y apoyado por el Presidente de Amarillos, Andrés Jouannet- como favorito.

A partir de la pérdida de apoyo, las duras críticas del oficialismo por hablar de las relaciones amorosas de los implicados y los desencuentros por el contenido del texto, RN y la UDI impusieran su visión, de los últimos tres meses de trabajo.

Sobre Montes, aseguran que parecía no conocer ‘una situación que afectaba profundamente su cartera’. Si bien, la investigadora ‘no ve motivos para cuestionar la verdad del ministro Montes’, no evita el ‘reproche a la diligencia’ con la que condujo el ministerio.

Más crucialmente, dicen que el jefe ministerial debió fiscalizar la delegación de las transferencias que realizaron los seremis. Incluso, citan la Ley Orgánica de Bases Generales del Estado, advirtiendo que existe responsabilidad del ‘delegante’ -en este caso el ministro- por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones’.

El Presidente de la comisión, el RN José Miguel Castro, dijo que quienes quieren acusar a Montes deben mirar con detención ese artículo. Después, todos los sectores políticos deberán definir postura.

Dicen que si no es de aquí al miércoles, es a la vuelta de la semana distrital. Las diputadas del Partido Social Cristiano, anunciaron hace semanas un libelo acusatorio contra un ex senador socialista, del que aún no existen los 10 firmantes confirmados.

Pese a que en la misma acusación dan cuenta de una eventual vulneración a la ley, la diputada Sara Concha criticó el tono ‘blando’ del documento -que fue aprobado 8 votos contra 5- y que harán valer la responsabilidad política de Montes.

Para la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, fue un día de ásperas discusiones, indignación, duras críticas a los informes opositores y una intervención de 13 minutos en la comisión en la que atacó página por página el texto aprobado.

Durante la jornada, desde la centro izquierda acusaron que la declaración de la diputada -que aseguró que el informe de Oyarzo y Jouannet pudo ser mejor hecho por su sobrina de nueve años- caldeó los ánimos y contribuyó a desestabilizar un eventual acuerdo político para evitar usar el informe de la comisión.

El punto que se planteó, es que se estaban haciendo esfuerzos por no dañar la imagen de Montes, pero no por seguir dañando la imagen de Revolución Democrática: Ñanco pidió considerar que tener militantes corruptos no significa ser un partido corrupto.

Además, para Ñanco el informe de PDG y Amarillos, no era tan distinto al de Chile Vamos.

Hubo algunos consensos. Para casi nadie fue controversial incorporar las dificultades para que declarara el jefe asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, o que la serie de propuestas apuntaran a mejorar la ley y tomar medidas concretas para aifinar el control de las transferencias a privados.

Raúl Soto, diputado PPD que durante la jornada aclaró en el grupo de Whatsapp de la comisión que no estaba firmando ningún informe, dijo que este documento se convirtió en uno partisano y que se quedó a medio camino de condenar enérgicamente la corrupción.

Soto terminó votando en contra porque entre otras cosas, le pareció que el ministro Montes ha sido una garantía en este caso.

Para el oficialismo, no alcanzó un esfuerzo tardío de la diputada Mercedes Bulnes por proponer un informe alternativo: Algunos problemas de redacción, contenían curiosamente, duras críticas al propio gobierno.

El informe que quedó resultó ser un triunfo para la oposición, que si bien tuvo que hacer concesiones, logró mantener el grueso de las críticas a Montes, RD, Miguel Crispi y hasta al Presidente de la República, Gabriel Boric, por no contestar el cuestionario de la comisión.

La votación en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, tendrá que esperar. Por el largo listado de comisiones investigadoras, probablemente terminará siendo votado en enero del 2024 o hasta incluso en marzo.