Desde RN criticaron el cambio para que el "usurpador" sea detenido solo si es sorprendido en el inmueble, ya que tomando en cuenta la realidad de los procedimientos, especialmente cuando se trata de lugares de difícil acceso, se corre el riesgo de que la detención sea declarada ilegal.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) detalló una serie de cuestionamientos al veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, acusando la apertura de “espacios de impunidad”.

Recordemos que desde el Ejecutivo afirmaron que la ocupación será un delito de carácter permanente y ratificaron que se buscará eliminar la autotutela o “legítima defensa privilegiada” que fue incluida en la nueva ley.

Al respecto, desde RN advierten que los cambios que busca el Gobierno ponen en entredicho la eficacia de la ley, según una minuta a la que tuvo acceso BioBioChile.

Asimismo, apuntan a que las observaciones del Ejecutivo generarían “espacios de impunidad que de seguro serán argumentados por los jueces para seguir tratando la usurpación como un problema de naturaleza civil”.

En esa línea, critican la modificación de las tipologías de usurpaciones y de las modificaciones a la regla de flagrancia.

“No se trata de atar de manos a los jueces, pero sí de contener la discrecionalidad judicial a partir de la gravedad o lesividad que el Parlamento asigna al delito de usurpación en el marco de esta reforma legislativa”, indican.

Diputados RN critican veto a Ley de Usurpaciones

Asimismo, puntualizaron en que los cambios obligarían a efectuar peritajes “desalentando” la persecución penal, “cayendo todas las imputaciones en lo que se ha denominado usurpación residual o malamente pacífica”.

“Esta última, con penas alternativas de presidio o multa, ciertamente en la lógica garantista de nuestro sistema procesal penal, terminará siempre cediendo en favor de las sanciones pecuniarias”, advierten.

Así, en RN cuestionan que las usurpaciones sean resueltas con los vetos a la Ley de Usurpaciones con una sanción de multa, eternizando la ocupación, sin resolver lo sucedido.

Pero también, fustigan la regla de flagrancia permanente, que “es por cierto el corazón del proyecto, sufre dos estocadas que quirúrgicamente buscan generar una vía de escape y una válvula a la impunidad”.

Igualmente, pusieron en entredicho el intento por establecer que la detención del “usurpador” pueda ser capturado solo si es sorprendido en el inmueble, por lo que tomando en cuenta la realidad de los procedimientos, especialmente cuando se trata de lugares de difícil acceso, se corre el riesgo de que la detención sea declarada ilegal.

“La propuesta del Gobierno falla al reducir la posibilidad de detención solamente en cuanto se encontrare el usurpador en el inmueble objeto de la misma”, señala.

“Muchas veces la complejidad de practicar detenciones dice relación con las distancias que deben transitar las fuerzas policiales hasta llegar a los inmuebles o predios ocupados, todo lo cual permite advertir a los ocupantes para que transitoriamente dejen el lugar, evadiendo con ello el accionar policial”, dicen.

“La consecuencia evidente de esta exigencia fáctica de hallarse el usurpador en el inmueble objeto de la medida es que cualquier otra circunstancia permitirá reclamar la ilegalidad de la detención, haciendo naufragar con ello el fin primordial del proyecto”, puntualizan.

Por último, reprobaron la insistencia del Gobierno para presentar el veto a la Ley de Usurpaciones.

“El gobierno distorsiona y maneja la naturaleza de las observaciones de manera fraudulenta, evitando asumir la responsabilidad política por la decisión que adoptó el Presidente de la República”, reprochan.

“En todas aquellas adiciones que se hacen al artículo primero no se señala jamás la incorporación de un nuevo numeral o se cambia la correlación de aquellos numerales que contempla el oficio de ley despachado al Ejecutivo hace un mes”, insisten.

“Estas omisiones simplemente formales dejan a la vista la falta de rigurosidad gubernamental y/o la necesidad de evitar adoptar definiciones para endosar responsabilidades al Parlamento y especialmente a la oposición, por lo que puede derivar en la mantención del status quo en aspectos tan relevantes como las formas de usurpación y su penalidad, así como la regla de flagrancia que busca habilitar la acción policial en desmedro de soluciones judiciales de largo aliento”, concluyen.

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