La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, no estará esta jornada integrando la Tercera Sala de la Corte Suprema, por un viaje que tenía agendado a Puerto Montt por una actividad de la Universidad donde hace clases.

Cuestionamientos desde el Gobierno, el Congreso y las mismas isapres, generaron las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema y presidenta de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, sobre los efectos del fallo que emitió el máximo tribunal, en noviembre de 2022, que obliga a las aseguradoras a devolver millonarios cobros en exceso y ajustar sus planes a la tabla única de factores de 2019.

Sus dichos dejó expuesto al máximo tribunal del país a una polémica con tintes políticos, atizando una polémica que no ha podido superar.

De hecho, en medio de la controversia, se conocieron distintos trascendidos que apuntaban a que en un minuto el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, pidió llamar al ministro Sergio Muñoz para que volviera de su feriado legal.

Este último es un ministro importante dentro del Pleno, que fue nombrado en 2005 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, es decir, es uno de los más experimentados, por lo que tiene una influencia muy importante en la Corte Suprema.

Pero además, la ministra Vivanco con su entrevista se puso también en una posición muy complicada, porque al decir que eran opiniones personales, tendrá que inhabilitarse cuando el tema de las isapres pase nuevamente por el Pleno.

En medio de la controversia, este martes la Tercera Sala de la Suprema va a funcionar sin la presencia de la ministra, quien pidió permiso, según consta en la integración que informó el máximo tribunal del país.

Así, esta jornada la composición de la Tercera Sala es con los ministros Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y Mario Gómez, además del abogado integrante Pedro Águila.

Recordemos que Vivanco no hizo carrera judicial, sino que integró el Pleno de la Corte Suprema en el cupo de los abogados externos que se integran al Poder Judicial.

Esto es muy importante porque ella no es lo que se llama una “judicial”, no tiene las relaciones, los vínculos, no conoce mayormente los secretos que conocen los que han hecho carrera, y, por lo tanto, eso explica su “soledad” en medio de la controversia por sus dichos.

A esto se suma la ausencia de Vivanco durante esta jornada, debido a un viaje a Puerto Montt por un compromiso con la Universidad San Sebastián, en donde la ministra hace clases.

Si bien varios ministros hacen docencia universitaria, el viaje causa ruido por la señal que se entrega en medio de la controversia que generaron sus polémicos dichos.

Pero también saca a colación las labores paralelas que realizan los supremos, que -al menos en este caso- son más prioritarios para los ministros, que impartir justicia.

Cabe recordar que el domingo, en una entrevista con La Tercera, Vivanco afirmó que los dineros cobrados de forma indebida por las aseguradoras deberían ser restituidos solo a las personas que demandaron, es decir, a quienes recurrieron a los tribunales de Justicia.

En otras palabras, si un afiliado o afiliada no denunció cobros en exceso por los planes de salud, no tendría derecho a devolución, aunque se le haya aplicado una tabla que no correspondía.

Esto generó confusión en el mundo político, ya que la noción comprendida por todos los sectores era que el pago de excedentes debía ser para todos los afectados, todos los afiliados y afiliadas que pagaron cobros excesivos en sus planes de salud.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, al ser consultado por la polémica, señaló que las palabras de Ángela Vivanco fueron “declaraciones personales”.

Durante este lunes, la ministra Ángela Vivanco intentó explicar sus declaraciones, afirmando que lo que expresó fue su propia visión y no necesariamente la interpretación de la sala pertinente.

Por esto, el Gobierno presentará hoy un recurso de “aclaración” ante la Corte Suprema respecto del fallo, al igual que las isapres Banmédica y Vida Tres.

La Superintendencia de Salud estimó en 1,1 billones de pesos el monto que deben pagar las isapres a los 725 mil afiliados y afiliadas que sufrieron cobros indebidos de parte de las compañías, pero si el criterio cambia -como lo planteó la ministra Vivanco- las y los beneficiarios serían mucho menos.