La Fiscalía Regional de Atacama pidió el desafuero del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien se encuentra imputado por los presuntos delitos de cohecho y soborno. Asimismo, negó una persecución política contra el parlamentario y criticó las "imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales" que habría hecho. Por su parte, Mulet celebró la decisión del Ministerio Público y aseguró que desconfía de los fiscales que llevan adelante su caso.
La Fiscalía Regional de Atacama salió al paso de las críticas por una presunta persecución política contra el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien se encuentra imputado por los delitos de cohecho y soborno.
Asimismo, pidió el desafuero del parlamentario para no seguir dilatando su comparecencia ante tribunales.
La investigación del Ministerio Público guarda relación con un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y el municipio de Tierra Amarilla.
“Fue el Ministerio Público quien solicitó al tribunal la fijación de una audiencia para formalizar a Jaime Mulet, la que fue reagendada en dos oportunidades, quedando en definitiva para el día 05 de abril de 2022”, señala la Fiscalía a través de un comunicado.
En ese sentido, recuerdan que el congresista no compareció a la cita, ya que su defensor alego que sólo se presentaría una vez que fuera desaforado.
“Lo anterior, pese a que la ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario, nada de lo cual iba a ocurrir en la audiencia del 05 de abril de 2022, cuyo único propósito era comunicar al imputado los hechos por los cuales es investigado”, agrega.
Fiscalía pide desafuero de diputado Mulet
A raíz de esta situación, la Fiscalía de Atacama pidió el desafuero de Mulet a la Corte de Apelaciones de Copiapó para no seguir postergando su presencia en tribunales.
“Durante la investigación en curso, se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente”, explica.
Por otra parte, el Ministerio Público rechazó “una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado”.
“Representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito”, añade.
Al respecto, Jaime Mulet indicó que “me alegro que el Ministerio Público haya acogido mi petición de que solicite el desafuero que venía pidiendo desde hace mas de seis meses”.
“Confío plenamente en los tribunales de justicia, de la misma forma en que desconfío plenamente de los fiscales que llevan mi causa en Atacama y que hoy he denunciado ante el nuevo Fiscal Nacional”, concluyó.
La investigación del Ministerio Público contra Mulet
El caso no sólo golpea al parlamentario, sino también a dos abogados vinculados a la Democracia Cristiana, Ramón Briones y Hernán Bosselín.
En efecto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló en 2019 que el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, indicó a la Fiscalía de Copiapó que Mulet le habría ofrecido una coima de $400 millones.
Esta acción se habría realizado con el fin de que Briones y Bosselín pudieran cobrar más de $2.700 millones en honorarios.
Todo esto, luego que en septiembre de 2015 lograran un acuerdo con la Minera Candelaria, de capitales canadienses, que implicó el traspaso de $16.635 millones en favor de la municipalidad.
