El Senado despachó a ley el Proyecto de Acuerdo Internacional que aprueba el “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares”, adoptado en Nueva York, en julio de 2017. La norma apunta a la “preocupación por las consecuencias humanitarias y medioambientales catastróficas que provocaría el uso deliberado o accidental de este tipo de armas nucleares”.
Se trata de una iniciativa internacional que establece el compromiso que adquieren los países de, nunca y bajo ninguna circunstancias, adoptar medidas internas tendientes a desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar, transferir, recibir, usar o amenazar con su uso, armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.
Según publica la web del Senado, la iniciativa imposibilita el asistir, inducir o estimular a terceros a realizar las actividades que les están prohibidas, o buscar y recibir asistencia con el mismo fin.
Asimismo, fija un mecanismo especial para abordar los casos de Estados que poseen u hospeden armas nucleares en sus territorios.
Por otro lado, establece que se deberá proporcionar adecuadamente asistencia a las personas afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares bajo su jurisdicción; y adoptará las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente, de aquellas zonas bajo su jurisdicción o control contaminadas como consecuencia de actividades relacionadas con el ensayo o el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.
Al respecto, Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, precisó que el proyecto “robustece el régimen internacional existente en materia de desarme”.
Menos optimista, José Miguel Insulza advirtió que, pese a la importancia de la suscripción, “por ahora tiene carácter simbólico (…), porque no está ninguno de los grandes poseedores de armas nucleares. La principal tarea es que esos países cumplan con el tratado de no proliferación nuclear de 1970”.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, indicó que son 86 los países que han firmado y 54 los que han ratificado por lo que ha entrado en vigencia.
Pese a todo, el canciller Andrés Allamand, destacó la aprobación que “nos permitirá el primer trimestre del próximo año, formar parte de la convención fundante de este tratado”.
