Solo durante el mes de abril, 55 personas fueron expulsadas del país sin mayor revisión de los casos individualmente y sin poder solicitar protección de acuerdo con lo pactado por el derecho internacional a los derechos humanos y los refugiados.
De los migrantes deportados, en su totalidad eran venezolanos que desde su detención, estuvieron en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.
El sociólogo y académico de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, Eduardo Thayer, calificó las acciones del país ante la situación migrante como humillante
Naciones Unidas realizó un llamado a detener inmediatamente las expulsiones colectivas realizadas por Chile y Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes apoyó la medida.
Según el secretario general del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, las detenciones son realizadas los días viernes para así, inhabilitar la ayuda legal dado que las oficinas que reciben reclamos están cerradas los fines de semana.
Regularizar el ingreso de los migrantes, más que prohibir la entrada al país es el camino correcto para detener las expulsiones y poder entregar ayuda humanitaria correctamente, según las asociaciones y fundaciones que velan por los derechos de los extranjeros.
