El martes, el Pleno de la Corte Suprema ordenó la apertura de investigaciones disciplinarias en contra de 230 funcionarios del Poder Judicial por haber cobrado bonos de protección a la clase media (Ley 21.252).

Según fuentes de Radio Bío Bío, de momento no se conoce si todos accedieron a la ayuda estatal de manera ilegal, ya que en la lista hay funcionarios que hacían interinatos o suplencias y a quienes en marzo se les cortó el contrato en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

De esta manera, si bien algunos RUT efectivamente pertenecen al Poder Judicial como empleados, algunos tuvieron mermas en sus remuneraciones o sufrieron desvinculaciones, por ello que se investiga cada situación.

El máximo tribunal comunicó que remitió la nómina de los involucrados a las Cortes de Apelaciones del país “para que se instruya una investigación administrativa al tenor de lo previsto en el acta 108-2020 sobre las circunstancias y demás antecedentes tenidos en cuenta para que los citados funcionarios solicitaran y percibieran el referido beneficio”.

Aquello deberá estar a cargo del fiscal judicial que cada tribunal designe, añadieron en su resolución.

De acuerdo a El Mercurio, en este caso no habría nadie involucrado que pertenezca al alto escalafón del Poder Judicial, es decir, ministros, jueces ni relatores.

Sumado a ello, el matutino recordó que en el Tribunal Constitucional también se adoptaron medidas similares hace algunas semanas.

La decisión se conoció el 6 de octubre e involucra a un trabajador de la secretaría de la magistratura y al conductor de un ministro.