Pese a que no prosperó, se transformó en un enredo “supremo”. Raúl Meza, el abogado que impulsó la acción judicial, aseguró que el listado de 71 requirientes lo elaboró en base a una convocatoria por redes sociales que pedía llenar un simple formulario. Por su parte, el docente no recuerda en lo absoluto haber entregado voluntariamente sus datos personales en apoyo a dicha iniciativa. Y en rigor, por esa vía cualquiera podría haber enviado la información de un tercero, razón por la que especialistas crítican el inusual método de convocatoria.
El jueves pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera, que buscaba frenar la realización del plebiscito del 26 de abril.
La acción judicial, interpuesta por el abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, fue supuestamente realizada en representación de 71 recurrentes, entre los que se encuentran figuras como Hermógenes Pérez de Arce y Matilde Villalobos Krumm, hermana del exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm.
Entre ellos también se encuentran figuras de bajo perfil como Ruben Betanzo Saavedra, profesor de Historia de la Universidad de Concepción que se desempeña como profesor jefe en una escuela de Hualpén, en la región del Bío Bío.
No obstante, pese a que no prosperó, se transformó en un enredo “supremo”. El docente acusó -en conversación con BioBioChile– que él en ningún momento suscribió el mencionado recurso de protección y negó tener relación alguna con Fuerza Nacional, el partido en formación de extrema derecha al que pertenecen varios de los impulsores del fallido requerimiento, como Meza, Pérez de Arce y la propia Villalobos.
Con evidente sorpresa, el profesor precisó incluso que la acción legal va directamente contra su línea de pensamiento, pues está a favor de una nueva carta magna. “La idea es que la gente participe y de una vez por todas se sacralice una Constitución que represente a toda la ciudadanía”, razón por la que -según detalló- junto a otros docentes de su escuela impulsarán módulos de educación cívica para fomentar la participación ciudadana de los alumnos.
Meza, consultado sobre el asunto, negó que se hubiera incluido involuntariamente a requirientes en el recurso de protección. Eso sí, explicó que las personas que se hicieron parte de la acción judicial fueron convocadas mediante las redes sociales de Fuerza Nacional, a quienes se les pidió llenar vía online un formulario con sus antecedentes personales.
Sergio Peña, doctor en Derecho y académico del CISS de la Universidad Mayor, explicó que se trata de un método poco frecuente de convocar requirientes, ya que las personas que se hacen parte de una acción legal suelen presentarse en el tribunal o le entregan un poder de representación al abogado ante notario.
“Yo creo que Meza fue poco acucioso, porque se produce como consecuencia esto. ¿Incorrecto? No podría decirlo ¿Ilegal? Tampoco. Lamentablemente no tenemos un ley que diga que no se puede. Pero hay un tema de carácter procesal. El abogado debería tener presente que la interposición del recurso de protección tiene que tener el mínimo resguardo (…) y anuencia de quienes son la parte en esas acciones”, remarcó.
“Ni siquiera lo conozco”
Según explicó a nuestro medio, más de 1.600 personas habrían entregado sus datos mediante Facebook e Instagram, en cuya plataforma “se generó un afiche donde se convocó voluntariamente a las personas. Yo ni siquiera lo conozco (a Betanzo), yo de dónde iba a sacar sus datos, su rut, no tengo idea”.
En concreto, aseguró que hicieron “una configuración donde tu te adhieres automáticamente a tráves de un proceso de firma electrónica (…) en que tienes que llenar un formulario mediante correo electrónico. Eso es absolutamente voluntario”.
Efectivamente, según fue posible constatar, Fuerza Nacional compartió el pasado 2 de enero en Facebook un formulario básico que pedía nombre, apellido, mail y teléfono de quienes se quisieran hacer parte de la acción judicial. Y en Instagram, el 20 de enero, pedían enviar nombre y RUT al correo fuerzanacional1973@gmail.com.
Pero a simple vista el cuestionario no exigía ningún tipo de autentificación (como el código de la cédula de identidad o una firma electrónica) que permitiera verificar los antecedentes, por lo que eventualmente cualquiera podría haber enviado los datos de un tercero.
Pablo Viollier, abogado y analista de la ONG Derechos Digitales, advirtió que en este caso habría “una vulneración del tratamiento de datos personales de la persona afectada, porque finalmente se usaron datos suyos sin su consentimiento para interponer una acción judicial que él no consintió”.
Al azar
“Agarré 71 personas al azar de 1.600 y las puse dentro del recurso. Pero lo hice por razones prácticas, para no poner 1.600 personas. Es un tema que nosotros lo tenemos registrado, acreditado y por lo tanto son ellos los que voluntariamente adhirieron”, aseguró.
“Yo tengo el listado en excel que me mandó el joven a cargo de las redes sociales del partido, donde le dije ‘mandame el excel completo de todas las personas que ahdirieron’ y tengo el correo con dirección, con todo”, añadió. Y si bien -más tarde- compartió ese registro para respaldar su versión, el documento sólo tenía registrado el nombre y rut de 62 personas (sin dirección ni teléfono), lejos de las 1.600 que mencionó al ser consultado sobre el asunto.
Betanzo, por su parte, no recuerda en lo absoluto haber llenado un formulario apoyando dicha iniciativa. Por el contrario, admite haber sido parte de la discusión política en redes sociales rebatiendo las posturas de aquellos grupos que apoyan a Fuerza Nacional.
“Es peligroso. Alguien me podría hacer una funa bien fea en la calle pensando que yo soy de ultraderecha”, advirtió preocupado, y -bajo todo este escenario- deslizó la posibilidad que haya otras personas en la misma situación entre los 71 requirientes del recurso.
