Ayer jueves, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera, que buscaba frenar la realización del plebiscito del 26 de abril.
La acción judicial, interpuesta por el abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, en representación de 71 recurrentes, planteó al máximo tribunal que el supuesto ambiente de crisis social que vive el país “es una amenaza cierta para quienes participaran en el proceso electoral, a quienes se les podía privar, perturbar o vulnerar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”.
Sin embargo, luego de un primer intento fallido ante la Corte de Santiago el 28 de enero, la Suprema ratificó la decisión de primera instancia y determinó que frente a esta situación no hay infracciones de garantías constitucionales.
Pero más allá del traspié ¿quiénes están detrás del intento por dejar sin efecto el plebiscito?
Entre el sinnúmero de personas incluidas en la acción judicial, encabezadas por Alejandro López Parra, asoman personajes como Hermógenes Pérez de Arce, reconocida figura pinochetista y que junto a Meza tienen un factor en común: Fuerza Nacional, el partido en formación de extrema derecha -liderado por el abogado defensor de los violadores de DDHH- que comenzó a levantarse en 2019 con exmilitantes de la UDI, RN, Avanzada Nacional, Patria y Libertad e incluso exministros de la dictadura militar.
Entre los recurrentes también asoma otro miembro de la directiva: Matilde Villalobos Krumm, secretaria general del partido, exdirigente y exmilitante de la UDI, excoordinadora de Acción Republicana en la Región del Bío Bío y hermana del exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm.
A ella se suma Juan Ariztía Correa, hermano de Rafael Ariztía Correa, quien se desempeña como asesor del presidente Sebastián Piñera y miembro del comité estratégico del Programa de Modernización del Sector Público, cuya historia está estrechamente ligada al mundo financiero, entre la que destaca su paso por Bancard, el holding que maneja las sociedades e inversiones de Piñera.
Aunque menos ligado al mundo político y más cercano a los negocios, en el listado también asoma Patricio Phillips Saenz, miembro del directorio de Potasios Chile S.A., filial de Nitratos Chile S.A., empresa de recursos naturales que formaba parte del denominado “Caso Cascadas”.
Quien si tuvo un pasado ligado a la política fue su padre, Patricio Phillips Peñafiel; agricultor, militante del Partido Liberal y del Partido Nacional, que en 1973 fue senador de “Bío Bío, Malleco y Cautín” y diputado en cuatro periodos consecutivos por “Angol, Collipulli, Traiguén y Victoria” entre 1957 y 1973.
Nueva ofensiva contra Piñera
Con todo, Meza anunció que en los próximos días “demandará al presidente de la República por no suspender el plebiscito”.
“Tenemos la convicción jurídica que la convocatoria que hace el presidente Piñera al plebiscito nacional incurre en una abierta vulneración del principio de igualdad ante la ley y el principio de la no discriminación”, sostuvo.
A su parecer, “existe mérito suficiente para presentar una demanda civil en virtud de la ley antidiscriminación para que el presidente Piñera responda por los vicios, omisiones e irregularidades”.
No obstante, las campañas ya comenzaron, de cara a la votación fijada para el domingo 26 de abril, donde más de 14 millones de personas podrán participar en Chile y en el extranjero.
