Ante la incertidumbre por la finalización del proceso de rendición de las PSU, el Ministerio de Educación indicó que habrá flexibilidad en el calendario de asignación de los beneficios estudiantiles y extenderá hasta el 13 de marzo el segundo período de postulación que se inicia el 14 de febrero.

Desde el Consejo de Rectores, en tanto, llamaron a todos los sectores políticos a no sacar provecho de los problemas generados por el boicot de las pruebas, tras los cuestionamientos realizados por diputados oficialistas.

Más allá del drama que ha significado para muchos estudiantes no poder rendir la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el retraso en la rendición de los exámenes y la incertidumbre sobre si se podrá finalizar el proceso el 27 y 28 de enero próximos podría traer como consecuencia un descalabro mayor del sistema de Educación Superior.

Esto último, por cuanto las pruebas obligatorias como Lenguaje y Comunicación y Matemática están asociadas directamente a la entrega de millones de pesos a las instituciones por concepto de ayudas estudiantiles, como la gratuidad, becas y créditos.

Por esta razón, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que habrá flexibilidad absoluta en el calendario de asignación de los beneficios, las veces que sea necesario.

El próximo 14 de febrero, junto con conocerse los preseleccionados a los beneficios estudiantiles, se iniciará un segundo período de postulación, el cual se extenderá -de momento- hasta el 13 de marzo.

Desde el Consejo de Rectores, en tanto, su vicepresidente Ejecutivo, Aldo Valle, llamó a todos los sectores políticos a no sacar provecho de los problemas generados con las PSU, tras los cuestionamientos realizados al CRUCh y el Demre por parte de diputados oficialistas de la Comisión de Educación.

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Diego Schalper, insistió en sus críticas al CRUCh y pidió revertir la suspensión de la PSU de Historia.

En cuanto a la judicialización de la PSU, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la orden de no innovar presentada por 45 estudiantes de la capital, que además recurrieron de protección, y que tenía por objeto frenar la rendición pendiente de las pruebas de Lenguaje, Matemática y Ciencias e incluir la de Historia.