Esta semana, luego de un año y cuatro meses de tramitación, la Sala del Senado podría votar en particular el proyecto de Ley que busca aumentar la gratuidad al séptimo decil de estudiantesmil de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Si bien la medida fue anunciada para su implementación el 2019, desde el Gobierno no han acelerado su trámite y se espera que el Ejecutivo ingrese indicaciones, para reponer la gradualidad con que el beneficio llegaría a los alumnos que cursen carreras técnicas en universidades.

La iniciativa se encuentra en el cuarto punto de la tabla, medida que se sumó a última hora al programa del oficialismo, pese a ser críticos de la política pública instaurada por la administración de Michelle Bachelet.

Pero aunque la iniciativa fue anunciada con entusiasmo, poco y nada ha hecho el Ejecutivo por sacar adelante el proyecto, el cual fue comprometido por La Moneda para este 2019. Sin embargo, todavía está en su primer trámite constitucional.

Luego de ser despachado por las comisiones de Educación y de Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de ser votado en el Senado, donde el Gobierno buscará reponer la gradualidad de tres años que establece la iniciativa para que se haga efectivo el aumento de la gratuidad a los estudiantes del séptimo decil que cursan carreras técnicas en universidades.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que buscarán corregir esta situación luego que la oposición rechazara la gradualidad, señalando que esta discriminaba a estudiantes de igual condición socioeconómica.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre, espera que el proyecto pueda avanzar con mayor rapidez y que el Gobierno cumpla con su promesa de campaña de aumentar la gratuidad.

El proyecto del Gobierno establecía un plazo de tres años para que los cerca de 2.400 estudiantes que estudian carreras técnicas en universidades pudieran optar al beneficio, mientras que los alumnos de CFT e IP podrían hacerlo de forma inmediata, lo que es considerado un discriminación arbitraria por parte de la oposición ya que ambos grupos están bajo la misma condición socioeconómica.