La empresa a cargo del agua potable en la provincia de Osorno, Essal, respondió la tarde de este viernes al anuncio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que, tras una investigación, resolvió iniciar el proceso de caducidad contra la empresa y además, formuló cargos se se podrían traducir en millonarias multas de hasta $2.500 millones.
A través de un comunicado, la firma de capitales extranjeros, indicó que “no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno”.
Bajo la amenaza que significa el expediente sancionatorio iniciado por la SISS, Essal manifestó su “más irrestricto apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios que rige en Chile”.
En esa línea, la compañía controlada por Aguas Andinas dijo encontrarse “a entera disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante el proceso administrativo que se inicia, buscando establecer con claridad que no ha existido intención de afectar a nuestros clientes”.
“Estamos convencidos que el lamentable hecho que afectó a la comunidad de Osorno no es representativo de la labor que a diario realizan los trabajadores de nuestra empresa”, se lee también en el escrito.
Por último, Essal informó que a pesar del proceso sancionatorio iniciado, continúan trabajando para fortalecer la empresa y mejorar la gestión con el fin de entregar un servicio de calidad a los clientes.
