Nacional
Viernes 28 junio de 2019 | Publicado a las 11:45
TC rechaza inconstitucionalidad en demanda de CDE para disolver Caja de Ahorro de Empleados P√ļblicos
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En fallo un√°nime, el Tribunal Constitucional (TC) rechaz√≥ el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Caja de Ahorros de Empleados P√ļblicos.

Con lo anterior, la caja pretendía neutralizar la demanda judicial de disolución en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a través de la cancelación de la personalidad jurídica.

En su fallo, el TC tambi√©n estableci√≥ que las objeciones del requerimiento parecen ‚Äúun reproche abstracto de la preceptiva contenida en los art√≠culos 557 y 559 del C√≥digo Civil, tendiente a sustraer de la competencia del Ministerio de Justicia la facultad de requerir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la cancelaci√≥n de la personalidad jur√≠dica y, de √©ste, la atribuci√≥n de accionar en ese sentido‚ÄĚ.

La demanda se originó como consecuencia de los incumplimientos detectados en la caja en base a instrucciones emanadas por la misma cartera de Justicia desde 2010.

Aquello, por ejemplo, tiene relación con las altas remuneraciones que percibían sus empleados, actuar que quedó plasmado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y que confirmado por la Corte Suprema.

Ambos tribunales se√Īalaron que los principios que crearon la caja se desvirtuaron, los que en su origen velaron por dotar con ahorros previsionales a los funcionarios civiles del Estado.

No obstante, seg√ļn indic√≥ en la audiencia de alegatos ante el TC el abogado consejero del CDE, Rodrigo Quintana, la caja se transform√≥ “en una entidad que otorga cr√©ditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes”.

A juicio del jurista, esta “desnaturalizaci√≥n” tuvo su “manifestaci√≥n extrema en el entonces director Sergio Gordon Ca√Īas, quien percib√≠a una remuneraci√≥n mensual de 60 millones de pesos y, tras ser desvinculado en 2015, recibi√≥ una indemnizaci√≥n por a√Īos de servicio de 2.500 millones de pesos”.

Gordon, de hecho, fue el controlador de la caja hasta fines de 2018.

Tal actuar por parte del organismo, se√Īal√≥ Quintana, muestra “una grave distracci√≥n de fondos de los ahorrantes de la caja, un total incumplimiento de los estatutos y un lucro encubierto‚ÄĚ, situaci√≥n que redujo el fondo de indemnizaciones, pozo que pas√≥ de 5.700 millones de pesos a poco m√°s de 500 millones en la actualidad.

“El 42% de esos recursos fueron destinados a indemnizaciones canceladas a su exdirector”, acus√≥.

“Ello da cuenta de que no se est√° frente a una situaci√≥n arbitraria que ocurri√≥ de un d√≠a para otro, sino frente a una investigaci√≥n de hechos graves que se han perpetuado en el tiempo‚ÄĚ, espet√≥ el defensor.

La caja se fundó en 1858 y hasta fines de 2018 administraba más de 180 mil millones de pesos en patrimonio.

Tras la apertura de una investigaci√≥n, un s√≠ndico alert√≥ de un d√©ficit superior a los 7.228 millones, una cartera de ‚Äúdif√≠cil cobro‚ÄĚ por 12.300 millones y cuatiosos pagos a trav√©s de contratos a honorarios, entre otras irregularidades.

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