Los vínculos que mantienen paralizados 180 mil millones de la Caja de Empleados Públicos en el TC

Sergio Gordon Cañas, de 88 años, fue hasta hace pocos meses el controlador de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos (CAEP), una institución que existe en Chile desde el 25 de agosto de 1858. En esa calidad, el mencionado hizo noticia en enero de 2014 porque se autoindemnizó con 3 mil 500 millones de pesos, divididos en 2.300 por años de servicio y 1.200 por vacaciones pendientes.

Solo en 2017 y ante las anomalías detectadas, el Ministerio de Justicia le caducó la personalidad jurídica a la CAEP y se inició un proceso de disolución ante el Segundo Tribunal Civil de Santiago, donde también es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En dicha causa, fue designado como interventor el síndico Roberto Vergara González. Ello, con el fin de administrar un patrimonio que supera los 180 mil millones de pesos. Eso, sin contar que solo en el ejercicio de 2017, la entidad presenta un déficit superior a los 7.228 millones de pesos y sus ingresos alcanzan a poco más de 5.434 millones de pesos, generando un desequilibrio evidente.

Pese a su nombramiento, Vergara González alcanzó a desarrollar sus funciones solo entre el 3 de septiembre y el 18 de octubre de este año, ya que la CAEP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya Primera Sala lo declaró admisible, paralizando por completo el procedimiento y la decisión adoptada por la cartera de Justicia.

El libelo es patrocinado por el exministro del TC, Enrique Navarro Beltrán, quien firmó un contrato con Gordon por cerca de 15 mil UF, equivalente a 400 millones de pesos: 192 millones de premio si logra revertir la orden de Justicia; 103 millones por el acuerdo y 9 millones 640 mil pesos mensuales, por 12 meses.

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El caso ante el TC lleva poco más de dos meses de tramitación, en medio de presentación de escritos que han dilatado la resolución.

En conversación con Radio Bío Bío, el interventor Roberto Vergara reconoció que existe temor de que el directorio de la CAEP, liderado por Gordon, cambie los estatutos para transformarla en Fundación o Cooperativa y así evadir la orden del Ministerio de Justicia.

El abogado relató que en su breve paso por la CAEP descubrió cientos de irregularidades, hechos que plasmó en un informe que remitió al tribunal, como también la existencia de seis empresas subcontratistas constituidas por los propios directores.

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En el documento al que accedió este medio se detalla que desde 2014 a la fecha, se han pagado indemnizaciones a directores y empleados por más de 5.510 millones de pesos.

Al mismo tiempo, la CAEP mantiene colocaciones de préstamos de largo plazo en el mercado. Al 31 de diciembre de 2017 suma 22.530 millones, y los de corto, poco más de 5.800 millones de pesos.

Con más de 27 mil afiliados a nivel nacional y 20 oficinas en las capitales regionales, la entidad tiene préstamos vencidos por 7.800 millones de pesos. Préstamos vigentes por más de 734 millones de pesos, repactados por más de 3.200 y una cartera de “difícil cobro” por 12.300 millones de pesos.

Arista penal

En paralelo, Gordon es investigado por la fiscal Centro Norte Ximena Chong, bajo los delitos de uso malicioso de documento privado, actas de directorio falsas presentadas como pruebas en juicios, hurto, fraude, apropiación indebida y estafa.

La indagatoria sustanciada por Chong es la resultante de las querellas que interpuso en 2017 el exdirector y exgerente general de la CAEP, Jonathan Urra, quien aseguró que el directorio nunca quiso denunciar a Gordon.

El pasado 27 de agosto Chong formalizaría a Gordon ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero el abogado patrocinante de este último, Daniel Mackinnon, presentó un certificado de la Clínica Las Condes que determina problemas siquiátricos del imputado debido a su avanzada edad. De todos modos, existen también otros documentos similares emitidos por la UC y la Universidad de Chile y del propio Compín que confirmarían la situación de salud.

Debido a estos antecedentes, la investigación permanece suspendida a la espera de los exámenes que debe realizar el Servicio Médico Legal (SML), organismo que resolverá si Gordon es imputable para enfrentar un juicio.

Sumado al caso anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SII) mantiene un proceso de fiscalización en curso, con miras a determinar las cargas impositivas que debería pagar la CAEP.

De acuerdo a los documentos a los que accedió este medio, los formularios de declaraciones están literalmente en blanco, evitando pagar los gravámenes, ya que a juicio de la CAEP les ampara un decreto del Ministerio del Trabajo dictado en 1964, hecho que es controvertido por el SII.