La Corte Suprema ordenó al Estado financiar los medicamentos para enfermedades de alto costo que están fuera de la Ley Ricarte Soto, por un total de 8 millones 954 mil dólares, a 13 familias, entre 2017 a 2019.
Mariela Muñoz, madre de una menor de once años que sufre de Lipofuscinosis y una de las beneficiadas por el fallo, declaró que sin el apoyo del Estado jamás podría solventar los 322 millones de pesos anuales que cuesta el remedio de su hija.
La diputada del Partido Comunes que integra la comisión de Salud, Claudia Mix, argumentó que la Ley Ricarte Soto es insuficiente para cubrir los gastos de enfermos que se tratan con remedios de alto costo.
En tanto el diputado de la DC de la misma comisión, Daniel Verdessi, propuso buscar un convenio con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para conseguir rebajas en los medicamentos y no poner en peligro los recursos de la salud pública.
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, planteó institucionalizar las modalidades para optar a medicamentos de alto costo, entendiendo que los recursos públicos son limitados.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que respetará los fallos emitidos por la Corte Suprema.
