La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que establece nuevos requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional, para delitos comunes, y exige el cumplimiento de condiciones especiales para los condenados por delitos de lesa humanidad.
La derecha impugnará, en el Tribunal Constitucional, la disparidad de requisitos para los condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
En votación dividida, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre libertades condicionales y aunque el Gobierno respaldó buena parte de las modificaciones introducidas al proyecto, el aspecto relacionado con los requisitos impuestos a violadores de Derechos Humanos generó cuestionamientos en el oficialismo.
Incluso el ministro de Justicia Hernán Larraín no descartó un posible veto a dicho aspecto del proyecto.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, criticó al oficialismo por su votación en contra del informe de la comisión mixta y manifestó que con dicha votación también se negaron a endurecer las condiciones para quienes están condenados por delitos comunes.
Entre sus principales consideraciones, el proyecto establece que la comisión de libertades condicionales deberá considerar como vinculantes los informes de Gendarmería y además se crea la figura del delegado de libertades condicionales, quien tendrá el deber de acompañar en procesos de reinserción y rehabilitación al condenado.
