Este lunes presta declaración como imputado por presunto fraude fiscal, el exministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Deberá responder ante las posibles irregularidades en el uso de fondos de un programa para mejorar la calidad de vida de niños y niñas en hogares del Sename.
En mayo pasado, la Contraloría General de la República cifró en cerca de $400 millones los gastos cuestionados en la implementación del plan conocido como ASCAR, Aseguramiento de la Calidad de las Residencias del Sename.
Las presuntas irregularidades, que tienen que ver con pagos desde este programa para otros objetivos, las descubrió el fiscal que investiga las muertes y abusos en hogares del Sename, Marcos Emilfork.
El 11 de septiembre pasado, el exministro Gómez debía declarar en calidad de imputado de presunto fraude fiscal en dependencias de la PDI.
Si bien el propio exsecretario de Estado había solicitado declarar como testigo, el persecutor le cambió esa calidad por lo que pidió conocer el expediente antes de la diligencia que se reagendó para este lunes.
El abogado de Gómez, Juan Carlos Manríquez, destacó que su cliente está colaborando con la indagatoria y se manifestó confiado de cambiar la calidad de imputado a la de testigo.
“La idea es aportar la mayor cantidad de antecedentes y datos, del conocimiento cabal de la investigación, al señor fiscal regional, don Marcos Emilfork, y esperamos que tras esa diligencia la situación procesal del señor José Antonio Gómez llegue a ser lo que debió ser desde un principio, esto es la de testigo calificado y no la de imputado en la causa”, adelantó.
En tanto, el fiscal nacional Jorge Abbott aclaró que “por ahora” está confirmado a cargo de esta arista de la investigación el fiscal Emilfork, tras rechazar la petición de destitución que hizo la defensa de la exministra Javiera Blanco.
Los abogados de la ahora exintegrante del Consejo de Defensa del Estado habían solicitado adoptar esta medida, tras la filtración de un documento que estableció su calidad de imputada en una de las aristas de la investigación por los “jubilazos” en Gendarmería.
Abbott aclaró que, por jurisdicción, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte debería asumir la investigación por el presunto fraude en el plan ASCAR, pero optó por mantener a Emilfork, al menos por ahora.
“Si la investigación realmente se torna extraodinariamente compleja, por ejemplo, porque requiere muchas diligencias, la presencia de más fiscales, probablemente sea más conveniente que la lleve adelante la Fiscalía Centro Norte, pero de momento la verdad es que se ha resuelto que se mantenga en manos del fiscal Emilfork”, aclaró Abbott.
La investigación por las presuntas irregularidades en el plan ASCAR comenzó con la revelación del licenciado en Teología y exfuncionario del Ministerio de Justicia, Franlkin Ceballos, quien reconoció que le pagaron más de $5 millones por funciones que no realizó.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
