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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Siete gendarmes formalizados por cohecho y corrupción en el penal Alto Bonito de Puerto Montt quedaron en prisión preventiva en Valdivia, mientras la pareja de un interno recibió arresto domiciliario total. La Fiscalía expuso detalles de un entramado de corrupción, incluyendo pagos por contrabando de alcohol, drogas, teléfonos móviles, y favores como resguardar reos o permitir relaciones sexuales en baños. La defensa negó lavado de activos y asociación ilícita, pero la fiscalía argumentó el riesgo para la sociedad.

En prisión preventiva quedaron los 7 gendarmes formalizados por diversos delitos de corrupción, principalmente cohecho, cometidos al interior del penal Alto Bonito de Puerto Montt, región de Los Lagos. La máxima medida cautelar deberá ser cumplida en Valdivia, región de Los Ríos. La pareja de un interno quedó con arresto domiciliario total.

Fueron dos jornadas de audiencia que en total duraron más de 5 horas, donde se describió una investigación de al menos 3 años, con escuchas telefónicas y revisión de cuentas bancarias, que demostraban actos de los gendarmes y una mujer que permitían ingresar elementos y permitían hechos prohibidos.

Los hechos expuestos por la Fiscalía dan cuenta de un “aparataje de corrupción”, y es que en el resumen del Juez Rolando Díaz sobre los hechos, se daba cuenta por ejemplo del pago de 150 mil pesos para el ingreso de ron en año nuevo, 20 mil pesos por teléfono móvil, 300 mil en transacciones presumiblemente de drogas, además del resguardo de algunos internos, permitir relaciones sexuales de reos con sus visitas en baños.

Pero el hecho iba más allá de dichos favores, a uno de los imputados, quien fue dirigente de los Gendarmes, permitía que se realicen estafas telefónicas e incluso participaba de “mexicanas” donde se incautaban elementos prohibidos o pelotazos y después se cobrara para entregarlos a los reos.

La defensa de los imputados se encargó de desarticular los delitos de lavado de activos, porque no habría una adquisición de bienes que justificara el delito, y criticaban a su vez la asociación ilícita imputada por el Ministerio Público. Por ello, los abogados, Matías Gallardo y Gustavo Riveros solicitaron el arresto domiciliario total.

Sin embargo, la fiscal Nathalie Yonnsson justificó la prisión preventiva solicitada por el peligro para la indagatoria y para la sociedad. Asimismo, acusó que los imputados representan una afectación a uno de los núcleos más esenciales y sensibles de la sociedad: el control de las cárceles.

De esta manera, el juez Rolando Díaz determinó que si bien sólo se podría presumir inicialmente de lavado de activos y cohecho, de igual forma se decretó la prisión preventiva de los 7 gendarmes, mientras que para la mujer imputada el arresto domiciliario total.

Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 200 días de investigación para esta causa, cuya indagatoria que destapó la red inició el 2023.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)