La ex ministra de Justicia Javiera Blanco presentó su renuncia al Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se desempeñaba como consejera desde el 11 de Febrero de 2017, cuando fue nombrada por la entonces presidenta Michelle Bachelet.
En entrevista con El Mercurio, aseguró que su decisión se debió a la incomodidad de los otros consejeros con su situación, debido a que actualmente está vinculada a tres denuncias: el caso Ascar, la contratación de asesores en Gendarmería y el mal uso de gastos reservados en Carabineros.
Ante ello, el diputado René Saffirio calificó como necesaria su renuncia y aseguró que nunca debió, siquiera, haber asumido un cargo por el que ha sido cuestionada permanentemente.
“Debió haberse abstenido de asumir una función de esa naturaleza”, sostuvo.
El diputado UDI Jorge Alessandri también valoró la salida de Blanco del CDE, ya que en varias ocasiones pidió la destitución.
“No era sostenible que una persona que defiende los intereses de Estado esté siendo investigada por defraudación del Estado”, argumentó.
Asimismo, Juan Antonio Coloma afirmó que los cuestionamientos permanecieron porque nunca fue una buena nominación. “Por el estado de avance de investigacion del caso Ascar, estamos convencidos que no era idónea”, argumentó.
Desde el Gobierno también se refirieron a la dimisión de la ex secretaria de Estado, en voz del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“Es una acción necesaria. Creemos que es indispensable”, sentenció.
Pese a que valoró la decisión de Javiera Blanco, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, advirtió que se debe respetar su derecho a presunción de inocencia por causas que le son investigadas, puesto aún no ha sido encontrada culpable.
“No me sumo a quienes la condenan como si ya fuera culpable, pero es una decisión adecuada que se valora”, señaló.
El timonel de RN también dijo que si ella es responsable deberá responder como cualquier ciudadano y que si por el contrario, es inocente, debe quedar claro con la investigación pertinente.
Los parlamentarios descartaron que se haya impulsado una campaña mediática de desprestigio en contra de la ahora, ex consejera del CDE y aseguraron que se deben esperar los resultados de las investigaciones para que pueda volver a ser considerada para un nuevo cargo público.
